La acusación fue formulada por la fiscal Diana Paico Guevara ante el 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios el pasado 24 de julio. Involucra también a la ciudadana Clara Ramírez Benites y al suboficial PNP Víctor Ocmin Vargas, exintegrantes del área de contrataciones de la Policía. Para ambos solicita cuatro años y ocho meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible.
Colchado rechazó la acusación el último miércoles mediante un comunicado. Afirmó que el documento “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal” y sostuvo que los elementos de convicción son insuficientes para atribuirle los delitos imputados.
La investigación fiscal responde al alquiler de un inmueble ubicado en Comas (Lima), para que sirva como sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) de ese distrito.
De acuerdo con la acusación, el inmueble pertenecía originalmente a los padres de Harvey Colchado y era arrendado a la PNP desde el 2015. Tras el fallecimiento de su padre en el 2020, se realizó la sucesión intestada con la cual Colchado y sus hermanos adquirieron acciones y derechos sobre la propiedad; es decir, se convirtieron en copropietarios del bien.
Según la tesis fiscal, esa condición generó un impedimento legal para contratar con el Estado debido a que Colchado era coronel en actividad.
La fiscalía precisa que en el 2021, Colchado otorgó un poder especial a favor de su madre, Martina Huamaní, para administrar el inmueble. En dicho documento, según la fiscalía, declaró que su ocupación era “independiente”, presuntamente para ocultar su condición de coronel de la PNP y evitar que se detectara el impedimento legal para contratar con el Estado.
La fiscal a cargo del caso señala que Ramírez y Ocmin, del área de contrataciones de la PNP, elaboraron informes técnicos y cuadros comparativos que validaron la propuesta presentada por la mamá de Colchado durante un proceso de contratación directa realizado en el 2021.
Para la fiscalía, ambos habrían favorecido indebidamente a Colchado, ya que en el expediente se encontraban la partida registral del inmueble y el poder especial que evidenciaba que Colchado era copropietario del predio.
El Ministerio Público precisó que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que funcionarios públicos con poder de dirección sean contratistas del Estado durante el ejercicio de sus funciones y hasta 12 meses después de dejar el cargo.
La acusación señala que en el 2021 se suscribió un contrato por S/ 73.200 por 12 meses; es decir, el inmueble fue alquilado por S/ 6.100 mensuales.
Luego se firmó un segundo contrato en diciembre del 2022 que fue ampliado mediante ocho adendas hasta julio del 2024.
El Ministerio Público sostiene que Colchado obtuvo beneficios económicos por el alquiler, a pesar del impedimento legal que, según su interpretación, pesó sobre él.
La fiscalía incorporó en la acusación resoluciones ministeriales que acreditan que Colchado permaneció en actividad como coronel de la PNP, partidas registrales que demostrarían su copropiedad del inmueble y contratos y adendas al alquiler.
Además consideró declaraciones de la madre de Colchado, quien confirmó que ella administraba el arrendamiento mediante el poder otorgado por sus hijos.
En tanto, en su declaración ante la fiscalía en octubre del 2024, Colchado aseguró que no tuvo injerencia en los contratos celebrados por su madre.
De acuerdo con el documento, el ahora diputado agregó: “Nunca he tenido vínculo laboral con la DIREICAJ [Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia] y luego la región Policial Lima, para haber intervenido en el contrato de alquiler, el cual se venía realizando desde el año 2015, más aún que los directores y jefes de región tienen el grado de general y yo un grado inferior, el de coronel, aclarando que jamás ni antes ni durante ni después de la muerte de mi señor padre he tenido injerencia alguna en el arrendamiento del inmueble donde funcionó la Depincri Comas”.
La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Colchado como cómplice primario del delito de negociación incompatible y cuatro años por falsedad ideológica.Por ello, la pena total requerida asciende a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva.
También pide el pago solidario de S/100.000 como reparación civil por negociación incompatible y S/50.000 adicionales por falsedad ideológica.
Colchado y los otros dos acusados enfrentan el proceso bajo comparecencia simple. La fiscalía precisa que en el proceso “no existen bienes incautados pasibles de decomiso.
Tras hacerse pública la acusación el pasado miércoles 6 de agosto, Colchado difundió un pronunciamiento en el que rechazó los cargos.
“Se trata de un documento que no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”, dijo.
El diputado y coronel PNP en retiro agregó que existen “insuficientes elementos de convicción” para atribuirle los delitos señalados. Y luego apuntó a supuestas motivaciones políticas.
“Resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asumo una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en mi calidad de diputado de la República. Por ello, fiel a mis convicciones no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, afirmó.
El Comercio se comunicó con Colchado por WhatsApp para consultarle por qué declaró bajo juramento que era “independiente” en el poder especial otorgado a su madre. No obstante, el diputado nos derivó con su asesora de prensa, quien señaló que no brindarían declaraciones.
El líder de Ahora Nación, el senador Alfonso López Chau, respaldó públicamente a Colchado el último jueves 6 de agosto.
“Conforme la información que se nos ha brindado, los hechos que utiliza el Ministerio Público para su requerimiento de acusación contra Harvey Colchado no tiene ninguna relevancia penal y menos constituyen delito”, dijo.
Para López Chau, “no es casualidad que estos hechos se den cuando el señor Harvey Colchado asume la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un espacio fundamental en la Comisión de Ética”.
Incluso, denunció un supuesto vínculo de la fiscal con el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto: “Lamentablemente estamos frente a un modus operandi que cierto sector político está acostumbrado a utilizar, siendo tan ruin que quien acusa sería la esposa de una las personas que investigó Harvey Colchado en el caso ‘Cuellos Blancos’”.
Por su parte, el diputado Leo de Paz, de Renovación Popular, consideró que Colchado debería ser retirado de la Comisión de Ética.
“Ahora Nación va a tener que colocar a otro integrante. Esperemos que sea una persona proba para que pueda representarlos de forma digna. Nosotros vamos a conversar sobre esto en la bancada de Renovación Popular porque no es justo para la población tener una persona que cuenta con una denuncia de este nivel”, dijo en diálogo con Canal N.
En tanto, el abogado constitucionalista y especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi explicó a El Comercio que el proceso penal contra Colchado puede continuar sin que sea necesaria la intervención del Congreso.
“La eliminación de la inmunidad parlamentaria es una conquista ciudadana. […] Además, este es un caso anterior a que asuma como diputado, en consecuencia no hay inmunidad parlamentaria ni antejuicio. El caso va a seguir su curso y él desplegará su defensa”, dijo.
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