Con el cambio de gobierno este 28 de julio, será momento de ventilar nuevamente la acumulación de facturas que nadie quiso pagar, justo cuando las condiciones externas eran favorables.
Con el cambio de gobierno este 28 de julio, será momento de ventilar nuevamente la acumulación de facturas que nadie quiso pagar, justo cuando las condiciones externas eran favorables.
Empecemos por lo fiscal, porque ahí está el cimiento de todo lo demás. La presión tributaria cayó a 14,6 % del PBI mientras el Congreso aprobaba leyes de gasto sin análisis costo-beneficio y el Ejecutivo se abstenía de observarlas. Pensiones, aviones, gratificaciones, Petro-Perú: compromisos de gasto corriente asumidos sin que la recaudación ni la eficiencia del gasto estuvieran a la altura, en paralelo a un servicio civil cada vez más debilitado.
Esa falta de continuidad institucional se ve, casi como en rayos X, en la infraestructura pública abandonada, con un presupuesto prácticamente a cero para la ANIN, varios proyectos anunciados en la modalidad de gobierno a gobierno que no tienen recursos. Revelan un Estado incapaz de planificar más allá del ciclo electoral y de exigir cuentas por obras que nunca debieron anunciarse siquiera, porque la decepción de los ciudadanos seguirá ahí y con ello, la desconfianza en el estado.
El mismo patrón se repite en el diseño de nuestros organismos reguladores. Osiptel opera con autonomía funcional y presupuestaria, y por eso fiscaliza con independencia técnica. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en cambio, encargada de proteger la información de 33 millones de peruanos, ocupa el cuarto nivel jerárquico de un ministerio, depende de su presupuesto y en 2023 recibió cuarenta veces menos recursos que el INEI. Priorizar la autonomía de unos reguladores y no de otros es una decisión política que determina a quién protegemos de verdad y a quién dejamos expuesto. Con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, descuidar la protección de datos es un riesgo que ya no podemos permitirnos.
Todo esto ocurre sobre un terreno de confianza ya erosionado. Las encuestas de valores más recientes muestran bienestar privado y malestar público: apego declarativo a la democracia junto a una apertura creciente hacia salidas autoritarias. Esa desconfianza tiene raíces concretas y exigibles, y será un desafío para el gobierno entrante darle la vuelta.
El gobierno que se va deja una factura pendiente: una regla fiscal debilitada, un servicio civil sin reformar, infraestructura pública que es un monumento al despilfarro o a la inacción, y reguladores fuertes solo cuando conviene. Quien entra el 28 de julio no puede alegar falta de margen para actuar de manera distinta. La pregunta que queda es si tendrá la voluntad de saldarla antes de que la ventana, ya angosta, termine de cerrarse.
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