El Tribunal Constitucional ha rectificado el criterio (o la falta de criterio) que abrió las compuertas de la iniciativa de gasto a los congresistas. Todas las bancadas pescaron a río revuelto, incluyendo Fuerza Popular, que en materia económica se ha comportado más bien como una fuerza populista, y también la extrema izquierda, que es especialista en quitar el cuerpo cuando se habla de responsabilidades.
El Tribunal Constitucional ha rectificado el criterio (o la falta de criterio) que abrió las compuertas de la iniciativa de gasto a los congresistas. Todas las bancadas pescaron a río revuelto, incluyendo Fuerza Popular, que en materia económica se ha comportado más bien como una fuerza populista, y también la extrema izquierda, que es especialista en quitar el cuerpo cuando se habla de responsabilidades.
Como hemos dicho más de una vez en esta columna, es difícil pensar en una ley que no genere gastos, sea en el ejercicio presupuestal en curso o en los futuros. La celebrada ley universitaria del 2014, para poner solo un ejemplo, creó la Sunedu, que tiene un presupuesto de apertura de 72 millones de soles para este año. Sea como fuere, es evidente que los congresistas entendían los límites de sus atribuciones de una manera antes del traspié del Tribunal y de otra manera después. No tenemos que resolver el problema filosófico; basta con volver al entendimiento de antes.
El gobierno de la señora Keiko Fujimori tendrá que decidir qué hace con las leyes aprobadas que contravienen el principio constitucional. Una opción es vivir con ellas y hacer espacio para que se cumplan recortando otros gastos: frenar los aumentos a los oficiales en actividad para pagar la cédula viva de los que se retiran, reducir consultorías para darles sus CTS a los CAS que trabajan en los ministerios y así por el estilo. Otra opción es ir al Tribunal a pedir que las declare inconstitucionales. No sabemos si hay un plazo para hacerlo ni si ese plazo está vencido, pero en cualquier caso puede ser políticamente difícil quitarle un caramelo a quien ya lo está desenvolviendo. Veremos si tiene la firmeza que pregona.
Hay, en nuestra opinión, otro dilema fiscal para el gobierno que está por comenzar. Como tantos otros en el pasado, su plan de gobierno propone ampliar la base tributaria sin aumentar, naturalmente, la presión sobre los actuales contribuyentes. Pero esa presión ya está aumentando con las exigencias cada vez mayores de la Sunat para que se le demuestre que cada gasto que una empresa pretende deducir ha contribuido a la generación de ingresos. Y si sigue aumentando, van a faltar voluntarios para ampliar la base tributaria. El nombramiento del jefe de la Sunat es uno de los más importantes que tiene que hacer la señora Fujimori, y ojalá nombre a una persona sensata y la mantenga cinco años en el cargo.
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