En un acto perverso contra sí mismo, como si buscara el suicidio político y civil, José María Balcázar intenta acabar con el final decente y digno que le queda de su mandato presidencial transitorio, al que accedió, envuelto en turbulencia legal y constitucional, en un momento de grave crisis del país.
Este acto perverso no comienza ni termina en Balcázar. Se encuadra en el premeditado plan político interno y externo de causarle un profundo daño al sistema democrático peruano, al pretender sustraer al ex presidente Pedro Castillo de sus procesos judiciales penales por rebelión y corrupción, mediante amañados recursos que distorsionan y desprestigian las figuras del indulto y la gracia común.
A ninguna de estas figuras, ya sea de perdón o de interrupción de sus procesos judiciales, puede aplicar Castillo, a menos que se produzca una flagrante desviación política, moral y jurídica de las prerrogativas presidenciales.
Al terco voluntarismo de Castillo por eludir la justicia, contra la ley y la Constitución, se suma ahora el escandaloso “lobby” de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, no vinculante, con el argumento de que el fallido golpe de Estado de Castillo no fue más que una declaración, porque no tenía la firma ni la aprobación del Consejo de Ministros.
Hay toda una orquestación política por extremar la versión de que Castillo dio un inocente mensaje patriótico (cuando medio mundo lo vio en señal abierta ordenando la quiebra constitucional del país el 7 de diciembre del 2022) y por involucrar al propio Balcázar en la responsabilidad de firmar como sea un indulto o una gracia común, cual manso y resignado rehén de los seguidores de Castillo que lo encumbraron al poder desde el Congreso.
Balcázar viene siendo así arrastrado hacia dos graves delitos: el del encubrimiento de los cargos penales de rebelión y corrupción de los que es acusado Castillo y el de abuso de autoridad, si su actual ministro de Justicia u otro posterior termina por refrendar la decisión presidencial de ceder finalmente a las solicitudes del indulto o la gracia común.
En su paso agresivo de afectación al sistema judicial peruano y a la majestad presidencial, la perversidad del plan interno y externo de liberar a Castillo no parece medir consecuencias a mediano ni largo plazo. La presidenta Claudia Sheinbaum sigue condicionando cualquier eventual posibilidad de normalización de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú a la liberación de Castillo y a la concesión de un salvoconducto a favor de Betssy Chávez, cómplice del fallido golpe de Estado, actualmente asilada en la embajada de ese país en Lima.
Pareciera que a Balcázar lo persiguiera también ese otro síndrome presidencial que desgraciadamente, para bien o para mal, se ha hecho común en el Perú: el de terminar sus días en el penal de Barbadillo.
Sería muy triste que a menos de dos semanas del final digno y decente de su mandato, Balcázar apueste su cabeza por Castillo, arruinando innecesariamente su breve paso por la historia.
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