MIRA AQUÍ: Petro asegura que dejará el poder en Colombia el 6 de agosto pese a no reconocer a De la Espriella
A un mes del cambio de mando (será el viernes 7 de agosto), ambos líderes se acusan mutuamente de atentar contra la democracia, con el mandatario saliente insistiendo en que las últimas elecciones fueron producto de un fraude fraguado desde Estados Unidos y desconociendo la legitimidad del gobernante electo. Mientras tanto, este asegura que Petro intenta impedir la alternancia en el poder mediante un “golpe de Estado” e instó a los militares a no prestarse al juego.
El choque ya tuvo su primera víctima con la suspensión de las mesas de transición (o empalme, como son conocidas en Colombia), un proceso que tradicionalmente servía para garantizar una transferencia ordenada del gobierno.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella acusa al actual presidente, Gustavo Petro, de planear un golpe de Estado. (Foto de Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Aunque el intercambio de acusaciones ha elevado la tensión política y ha despertado preocupación dentro y fuera del país, analistas consultados por El Comercio consideran que la confrontación responde, en buena medida, a una estrategia de ambos sectores para fortalecer su legitimidad ante una sociedad profundamente polarizada.
“Desde mi perspectiva de académico, estamos viendo un espectáculo político construido por ambos bandos”, señala en conversación con El Comercio Néstor Julián Restrepo Echavarría, analista político colombiano y catedrático de la Universidad EAFIT. “El gobierno entrante necesita consolidar su liderazgo porque ganó por un margen estrecho y muchos de sus votantes realmente sufragaron contra Gustavo Petro, no necesariamente a favor de Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, Petro responde con su propia estrategia de confrontación”.
Para Ricardo Ospina, director de noticias de Blu Radio, las acusaciones mutuas entre ambos bandos y la suspensión de la mesa de transición son una muestra de la “enorme desconfianza entre el gobierno saliente y el régimen entrante”, donde por un lado Petro interpreta las amenazas judiciales y las eventuales investigaciones como una persecución política, mientras que De la Espriella considera que el mandatario intenta deslegitimar el resultado electoral para erosionar al nuevo gobierno desde el primer día.
El detonante de la crisis fue la decisión de Petro de desconocer el resultado del balotaje del 21 de junio, en el que De la Espriella derrotó por apenas un punto porcentual a Iván Cepeda, el candidato del partido oficialista Pacto Histórico.
Desde entonces, el mandatario colombiano ha sostenido que la elección fue manipulada mediante algoritmos desarrollados por empresas israelíes y operados desde California, afirmaciones que ha difundido reiteradamente en su cuenta de X sin presentar evidencia que las respalde y a pesar de que el Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio y entregó oficialmente la credencial presidencial a De la Espriella.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su sucesor, Abelardo de la Espriella, de fraude electoral. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
/ JOAQUIN SARMIENTO
“No hay ningún elemento que demuestre el fraude”, asevera Ricardo Ospina, quien recordó que el sistema electoral colombiano es resistente a este tipo de manipulaciones al ser mayoritariamente manual, por lo que los votos se registran en actas físicas, que posteriormente se digitalizan y finalmente se transmiten para el escrutinio nacional.
Apoyando la legitimidad del proceso está la aprobación de autoridades electorales colombianas, así como las misiones de observación de la Unión Europea y del Centro Carter, que descartaron cualquier manipulación del proceso y ratificaron la victoria del presidente electo.
Para Néstor Julián Restrepo, estos llamados de Petro no necesariamente giran en torno a un verdadero fraude, sino a construir una narrativa política aprovechando algunos elementos del contexto internacional como el hecho de que durante la campaña apareció una empresa privada que utilizó algoritmos para proyectar resultados electorales y que el propio Donald Trump reconoció públicamente haber respaldado la candidatura de De la Espriella meses antes de que figurara como candidato competitivo.
“Petro utiliza estos elementos para construir su narrativa, exagerándolos políticamente”, sostiene Restrepo. “Esto le permite al mandatario alimentar el discurso sobre una eventual injerencia extranjera, aunque están lejos de constituir pruebas de un fraude electoral”.
En opinión del académico, estas acusaciones no tienen tanto el objetivo de detener la transición del gobierno como el de mantener movilizada a sus bases políticas ahora que abandona el poder y perfilarse como el principal líder de la oposición. Un análisis compartido por Ospina, quien considera que Petro está buscando mantenerse vigente con miras a las elecciones presidenciales del 2030.
Las razones de la desconfianza tampoco parecen ser menores en el campo de De la Espriella, con el presidente electo suspendiendo el proceso de empalme luego de acusar a Petro y a su protegido Cepeda de poner en marcha un “plan B” para permanecer en el poder. A ello le sumó un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas, a las cuales pidió cumplir su deber constitucional y no acatar ninguna orden que pudiera favorecer un eventual desconocimiento del resultado electoral.
La decisión fue acompañada por una fuerte ofensiva política, en la que De la Espriella definió el empalme como una “auditoría exhaustiva” del gobierno saliente y prometió investigar presuntas irregularidades en contratación pública, política antidrogas y sistema de salud. Además, su entorno ha dejado abierta la posibilidad de impulsar procesos judiciales contra Petro tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Precisamente este último punto alimentó la desconfianza del gobierno saliente, en particular declaraciones de su asesor Carlos Alonso Lucio, quien sugirió que una eventual solicitud de extradición de Petro por parte de Estados Unidos podría ser aceptada por el futuro gobierno.
Sin embargo, tanto Ospina como Restrepo descartan que exista un riesgo real de ruptura institucional.
“No creo que Petro esté planeando un golpe de Estado”, apunta Ospina. Según el periodista, el propio jefe de Estado reconoció posteriormente en redes sociales que su mandato concluirá el 6 de agosto y las Fuerzas Militares han reiterado públicamente su compromiso con el orden constitucional.
Restrepo coincide, destacando que actualmente Colombia mantiene una institucionalidad suficientemente sólida para impedir un escenario similar al vivido en Brasil tras la derrota de Jair Bolsonaro o el asalto al Capitolio en Estados Unidos.
“Hablar de un golpe de Estado en este país es bien difícil”, afirma el académico. “Institucionalmente Colombia funciona bien y las Fuerzas Armadas históricamente han permanecido al margen de la política”.
A su parecer, las denuncias del gobierno entrante responden principalmente a la necesidad de construir legitimidad política después de una victoria ajustada y de un presidente electo que todavía busca consolidar su liderazgo.
Es entonces que pese al clima de confrontación y a los llamados a protestas y desobediencia civil por parte del gobierno saliente, los expertos consideran poco probable que la crisis desemboque en violencia generalizada o en una ruptura institucional.
Ospina destaca que las Fuerzas Armadas han reiterado su papel como garantes del orden constitucional, mientras que internacionalmente Estados Unidos también ha presionado para que el cambio de mando se desarrolle con normalidad, lo que se ha visto con la reciente visita del senador colombo-estadounidense Bernie Moreno y el respaldo público de Donald Trump al presidente electo.
Restrepo, por su parte, sostiene que lo más probable es que la tensión continúe, pero principalmente en el plano discursivo donde habrá “mucho ladrido, pero poca mordida”.
Según el politólogo, debemos esperar que durante las próximas semanas hasta el 7 de agosto sigan apareciendo nuevos enfrentamientos, denuncias y declaraciones cruzadas desde ambos sectores, en un intento de mantener viva la movilización de sus simpatizantes.
“Ambos necesitan fortalecer su legitimidad ante la opinión pública porque ninguno llega con un dominio absoluto de las instituciones”, considera. “El nuevo gobierno necesita consolidar apoyo político y Petro intenta preservar el liderazgo de la izquierda. Por eso ambos alimentan permanentemente la confrontación”.
Además, estima que fuera de la “burbuja mediática” la ciudadanía colombiana ya asumió que el cambio de gobierno es irreversible y la mayoría del país ya está mirando hacia el próximo gobierno sin esperar una alteración de las normas constitucionales regulares.
“Creo que ambos sectores están intentando encender el debate político porque les conviene, pero no observo una sociedad al borde de una ruptura institucional”, afirma. “Lo veo más como un teatro político que como una verdadera crisis”.
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