No hubo fraude, pero el gobierno de Fujimori “no será legítimo”. Así lo resumió Ruth Luque, senadora electa por Ahora Nación, para quien la ilegitimidad vendría de que Fujimori no ganó en la mayoría de regiones, y de que “muchas reglas electorales” se cambiaron. Roberto Sánchez también reconoció la derrota sin aceptar su legitimidad: “de manera irregular, nos han vencido”, declaró. Fujimori jurará el cargo el 28 de julio, en su cuarto intento y como la primera mujer elegida por voto popular.
Hay dos tipos de legitimidad (Bobbio, 1967): la de origen, que depende de un procedimiento reconocido como válido —elecciones libres, sucesión constitucional—; y la de ejercicio, que depende de cómo se gobierna en el cargo. Un presidente elegido en un proceso limpio y abierto tiene legitimidad de origen; lo contrario ocurre con uno instalado por golpe de Estado o fraude, incluso si después la mayoría aprueba su gestión.
Keiko tiene legitimidad de origen: ganó una elección limpia, avalada por observadores internacionales. El argumento de que no la tendría por no haber ganado en la mayoría de regiones no solo discrimina a los peruanos que votaron por ella, sino que desconoce un pilar básico de la democracia: las elecciones las gana quien suma más votos ciudadanos, sin importar dónde estén. Y la idea de que se cambiaron las reglas de juego es falsa: lo que se ajustó fueron procedimientos logísticos. Por eso es poco probable que este argumento se convierta en una narrativa creíble para la mayoría de peruanos, porque los relatos solo existen en la medida en que varios los creemos y nos los contamos entre nosotros (Harari, 2024).
Lo que Keiko sí puede perder, cuando gobierne, es la legitimidad de ejercicio: gobernar con eficacia, sin corrupción, respetando derechos fundamentales y contrapesos institucionales. Y esa disputa ya empezó: antes de jurar, se le acusa de haber “copado” el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Esto es solo parcialmente cierto —el Defensor del Pueblo responde más al cerronismo que al fujimorismo—, pero en la JNJ todo indica que Fuerza Popular sí tiene el control. Y la narrativa del copamiento, cierta o no, ya circula entre mucha gente: eso basta para erosionar su legitimidad de ejercicio desde el primer día.
A esto se suman los temores de quienes ven con alarma el regreso del fujimorismo al poder: venganzas, purgas, reescritura de la historia, indultos, represiones, farra fiscal, mantenimiento de leyes pro-crimen, retrocesos en derechos, desprotección ambiental, abandono de la agenda indígena. Vale la pena comprender estos temores en serio, y no quedarse, como muchos, solo en el alivio de que no ganara Sánchez, porque cualquiera de ellos puede convertirse en una narrativa que afecte la legitimidad de ejercicio del nuevo gobierno.
Si Keiko quiere reducir este riesgo, deberá cuidar cada paso que dé y, más bien, ganar capital político poniéndose manos a la obra en temas sensibles para la población —inseguridad, Fenómeno del Niño, inversión pública—, sobre todo en las regiones que le han sido esquivas en la última votación. Vale la pena, además, el consejo que la exministra Nuria Esparch dio a todo el próximo gabinete, no solo a Fujimori: “No hereden solo el cargo: hereden los expedientes, los equipos que ya conocen el sector, las obras a medio camino que alguien dejó. Documenten lo que hagan para que quien venga detrás no arranque otra vez desde cero. Decidan aunque la observación asuste, porque la parálisis también se paga, y más caro” (Gestión).
La pregunta, por tanto, no es solo qué medidas implementará Keiko, sino si mantendrá en el tiempo el capital político suficiente para ejecutarlas. Gobernará en un tira y afloja permanente, donde cada decisión será terreno de disputa antes de ser solamente terreno de gestión.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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