Aunque todavía hay la opción de que el presidente José María Balcázar la observe, la célere aprobación de la ley que extrae del fuero común a policías y militares acusados de cometer delitos de función ha marcado el inicio del gobierno de Fuerza Popular y de la presidenta electa Keiko Fujimori. Y como soñar siempre está permitido, es cierto que existe también la opción de que el 28 de julio próximo, día de la asunción del mando, ella anuncie que presentará una ley para derogarla.
Varias razones hacen suponer que la ley aprobada no se moverá. Por un lado, el presidente Balcázar está en una posición muy débil y es difícil que tome este tipo de iniciativas. Por otro, el congresista Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento y promotor de la norma, es del entorno de mayor confianza de Keiko Fujimori. Difícil que haya tomado una iniciativa de tal calibre sin consultar con la fundadora y presidenta de su partido.
La sola posibilidad de que Rospigliosi hubiera actuado sin consultar a su lideresa la dejaría a ella en una posición muy incómoda –en especial frente a las fuerzas del orden– sí, derogándola, quisiera dar la señal de que su gobierno se ceñirá al Estado de derecho y respetará los derechos humanos. Aun así, ahí está la oportunidad de derogarla; y que lo hiciera tendría un especial significado.
En fin, asumiendo como evidente ese visto bueno de la presidenta electa –si no explícito, por lo menos implícito–, la medida obedecería sobre todo a dos razones: ratificar la relación de extrema confianza que la futura mandataria quiere establecer con las Fuerzas Armadas y policiales; y dejar claro que, en la lucha contra el crimen organizado –y seguramente en el control de los movimientos sociales de protesta–, su papel será central y tendrán la protección político-legal que necesitan para conducirse sin los límites bien demarcados.
No obstante, sin obviar el peligro de instalar la impunidad militar y policial como consecuencia de la aprobación de normas como la mencionada, militarizar la lucha contra el crimen organizado deja de lado que, más allá de la captura de los delincuentes operativos –sicarios y otros–, en el Perú de hoy el objetivo principal de esta lucha tiene un importante y decisivo componente preferentemente político, al proponerse desmantelar su penetración en el Estado, en la política –en todos sus niveles–, y en la formalidad en general.
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