El principal problema de Keiko Fujimori no tiene nada que ver con la infantil pataleta de Roberto Sánchez ni con los desesperados gritos de fraude electoral que, lamentablemente, se han vuelto una tradición que ella misma contribuyó a instalar en la política peruana. La mayor preocupación de la futura presidenta tiene que ver con los enormes nubarrones que se aproximan y que marcarán el destino de su gobierno en los próximos cinco años.
El primero, y el más grave, llega envuelto en cifras. El Congreso saliente le deja a Fujimori el escenario fiscal más restrictivo de las últimas tres décadas en el Perú. Entre el 2021 y el 2026, el Parlamento aprobó 268 leyes con impacto negativo sobre las cuentas públicas, generando compromisos permanentes por más de 36.000 millones de soles anuales —el equivalente al 3% del PBI—, mientras el gobierno de Boluarte tramitó el crédito suplementario más grande en treinta años de historia republicana. Para colmo, el déficit fiscal ya supera el techo legal.
Cualquier economista serio sabe lo que eso significa: el próximo gobierno tendrá que recortar gasto, reasignar partidas o subir impuestos. Ninguna de esas tres opciones tiene popularidad. Todas tienen costo político.
El segundo nubarrón es institucional. Fujimori llega a Palacio con apenas el 50,11% de los votos, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del flamante Congreso bicameral y con parte de la oposición que ha decidido no reconocer su victoria. La luna de miel, en ese contexto, será cortísima o inexistente. Gobernar sin mayoría congresal en el Perú no es imposible —ningún presidente la ha tenido desde el 2001— pero exige una habilidad para construir alianzas que el fujimorismo tendrá que desarrollar ahora desde el otro lado del mostrador.
El tercero viene del cielo y del mar. El Banco Central de Reserva ya advierte un incremento del sesgo al alza en los riesgos inflacionarios por choques de oferta internos. En lenguaje llano: El Niño costero podría golpear entre diciembre y abril, destruyendo cultivos, disparando el precio de los alimentos y exigiendo una respuesta de emergencia en un momento en que el fisco no tiene espalda para financiarla. La historia reciente del Perú enseña que los fenómenos climáticos no solo devastan cosechas, sino también gobiernos.
Y luego está la promesa más visible y cara: la seguridad. El Perú del 2026 no es el país de hace diez años. El crimen organizado ha colonizado barrios, mercados y fronteras. Más de 1,7 millones de peruanos han sido víctimas de extorsión y la delincuencia le cuesta al país cerca del 2,8% del PBI al año. Fujimori ganó, en parte, porque prometió acabar con eso. El problema es que la promesa central de su campaña —un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial para Lima y el Callao— costaría unos 500 millones de dólares y requeriría una infraestructura urbana que hoy sencillamente no existe. La seguridad es el único riesgo de esta lista que también es una trampa de expectativas: si los primeros cien días no muestran resultados palpables en las calles, el capital político del gobierno comenzará a evaporarse antes de que termine el verano.
Nada de esto significa que Fujimori esté condenada al fracaso. Significa, más bien, que tendrá que demostrar algo que ninguno de sus tres intentos anteriores le exigió: gobernar de verdad, con recursos escasos, sin mayoría parlamentaria y bajo el escrutinio de un país que le creyó no por convicción, sino por descarte. Esa es, quizás, la prueba más dura que le ha tocado enfrentar. Y esta vez no habrá a quién culpar si sale mal.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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