Desde estas páginas hemos sido respetuosos de los recursos legales que los partidos políticos puedan interponer tras las votaciones si sinceramente creen que la cancha ha estado inclinada en su contra. Cualquier democracia funcional permite esa avenida de disputa.
Desde estas páginas hemos sido respetuosos de los recursos legales que los partidos políticos puedan interponer tras las votaciones si sinceramente creen que la cancha ha estado inclinada en su contra. Cualquier democracia funcional permite esa avenida de disputa.
Pero el abuso del derecho es inaceptable. Y eso es precisamente lo que ha intentado Juntos por el Perú (JP) tras perder los comicios del domingo 7. Su cambio de tono no podría haber sido más revelador. En las horas en las que se sentían ganadores, su candidato presidencial Roberto Sánchez y sus seguidores conminaban a su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a aceptar sin ambages los resultados de la elección. “Nosotros hemos invocado desde un principio a Fuerza Popular para que se comprometa a reconocer democráticamente el resultado cualquiera que este sea”, decía, por ejemplo, Manuel Rodríguez Cuadros, del equipo técnico de JP, el lunes siguiente a la votación. El propio Sánchez pedía a Fujimori que “no tenga lenguaje tibio” para aceptar los resultados. Él los aceptaría hidalgamente, adelantó.
El tenor empezó a cambiar a los pocos días, y ya entonces Sánchez hablaba más bien de que Fujimori y él pidieran juntos un reconteo de votos “en el marco de la ley y de la institucionalidad”. El candidato bien sabía que no había ningún marco legal que amparase ese pedido, pero sembraba el terreno político para lo que venía después.
Para terminar de quitarse la careta faltaba solo el pedido oficial de nulidad de mesas electorales alegando fraude. Tantas veces Anahí Durand, Ernesto Zunini, Rodríguez Cuadros y otros miembros del equipo técnico de JP insistieron en que ellos nunca emularían el “fraudismo” de Fuerza Popular en el 2021 o el de Renovación Popular en la primera vuelta de este año para terminar admitiendo este viernes, ante el JNE, que sí, efectivamente, denunciaban un fraude.
Ya en la cancha, la presentación del abogado de JP ante el JNE, Roy Mendoza, fue lamentable. Acusó “fraude en mesa”, pero no pudo señalar a los autores, ni indicar cómo se cometió, ni aportar evidencia alguna al respecto. Apenas una vaga “anomalía estadística” respaldaba su pedido, que por supuesto fue rechazado. Un papelón en toda regla.
Cuando las aguas se calmen después de este complicado proceso, no debe olvidarse que esta vez ha sido Juntos por el Perú la organización que pretendió desconocer las voluntades de cientos de miles de votantes porque no les eran favorables. Que a la próxima elección por lo menos nos ahorren las lecciones sobre su respeto a la democracia y al voto de los peruanos.
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