El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien lideró la nación ibérica entre el 2004 y el 2011, compareció el miércoles 17 ante un juzgado en Madrid bajo investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en relación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
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“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, insistió el exmandatario, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al abandonar la Audiencia Nacional de Madrid. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.
Se trata de un titánico evento en la historia de la nación europea, como explicó a El Comercio el internacionalista Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura. “Es la primera vez que un expresidente tiene que declarar en la Audiencia Nacional. Es un acontecimiento un poco triste”, consideró.
Luego de casi tres horas de declaraciones, el juez José Luis Calama señaló que Zapatero no logró desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra, por lo que el proceso puede seguir adelante por ahora. Sin embargo, el magistrado se negó a los pedidos de retirarle el pasaporte y de ordenarle comparecencias quincenales en el juzgado, como exigían la Fiscalía y los partidos políticos conservadores Partido Popular (PP) y Ciudadanos. En tanto, los partidos de derecha Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum exigían prisión provisional para el líder socialista.
Pero para el internacionalista, la decisión del magistrado no implica una exoneración del expresidente, sino que responde a los criterios habituales para imponer medidas cautelares en España.
“Que haya indicios de criminalidad no es motivo suficiente para una prisión preventiva”, explica. Según el experto, este tipo de medidas requieren generalmente un riesgo de fuga o la posibilidad de destrucción de pruebas, circunstancias que el juez no habría apreciado en este caso, especialmente porque la documentación relevante ya habría sido recopilada por las autoridades.
Para Banús, la investigación contra Zapatero se sustenta en un amplio expediente presentado por las autoridades. “La documentación presentada por la Fiscalía es extensa y sostiene que existen indicios de criminalidad. Estamos hablando de millones de euros vinculados, principalmente, al rescate de una aerolínea con conexiones empresariales con Venezuela. Ahora corresponde al proceso judicial determinar si estos indicios se convierten en pruebas suficientes para una condena”, sostuvo el experto, quien señaló que, según los resúmenes más conocidos de la comparecencia, el exmandatario se limitó a responder con expresiones como “no sé”, “no recuerdo” o negaciones generales.
En el centro de los cuestionamientos contra Zapatero está el rescate de 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) proveniente de dinero público a la aerolínea Plus Ultra en el 2021. El origen era un fondo de recuperación por el COVID-19. En aquella etapa, el exmandatario ya llevaba una década fuera de la vida pública, pero mantenía un alto nivel de influencia dentro del gobierno del actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, también del PSOE.
El caso gira en torno al rescate estatal de 53 millones de euros de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021 y a si Zapatero utilizó su influencia para conseguir el dinero a cambio de comisiones. (Foto de AFP)
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La tesis de la Fiscalía es que habría utilizado esa influencia para beneficiar a la aerolínea, a la que estaría relacionado por unos trabajos de consultoría y por su amistad con su propietario, el también investigado Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante SL.
Unas acusaciones que Zapatero rechazó ante el juzgado, afirmando que en su relación con la empresa se limitaba a su rol como consultor experto en asuntos internacionales y que a la única persona que conoció de la aerolínea es a su actual presidente, Julio Martínez Sola —a quien no se debe confundir con Julio Martínez Martínez— en el 2024.
Del mismo modo, señaló que los 490.780 euros encontrados en sus cuentas se deben a este trabajo de consultoría para Análisis Relevante, mientras que los 239.755 euros recibidos por la empresa de sus hijas What the Fav se debían a trabajos de márketing y diseño para clientes de la consultora de Julio Martínez Martínez.
Significativamente, el expresidente eludió pronunciarse sobre los comprometedores mensajes entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y un accionista de la empresa, el venezolano Rodolfo Reyes, donde hacían referencia explícita a pedir una intervención de Zapatero para conseguir el rescate. “Zapatero aquí manda”, decía una de las comunicaciones entregadas a la Policía española por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos este año. Por su parte, la defensa del expresidente ha planteado dudas sobre la legitimidad de los chats y ha pedido al juez comprobar con Washington su autenticidad.
El exmandatario también negó las acusaciones de haber formado una sociedad mercantil fuera de España para supuestamente recibir una comisión del 1% por el rescate público de Plus Ultra y de haber tenido tratos con con petroleras venezolanas o en operaciones de oro o divisas.
Complicando su situación, Zapatero también enfrenta denuncias por delito fiscal y contrabando a raíz de las casi 80 joyas incautadas por la policía de la caja fuerte de su oficina, las cuales están valoradas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares), que según el exmandatario provenían de una herencia familiar.
Las acusaciones ponen en riesgo el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, quien todavía es considerado un ícono de la izquierda española y es recordado por populares medidas como la legalización del matrimonio homosexual, la ampliación del acceso al aborto y el retiro de las tropas españolas de Irak. El escándalo es un dolor de cabeza para el actual gobierno de Pedro Sánchez, también del PSOE, cuyos estrechos lazos con Zapatero ahora son escudriñados en medio de otros casos de supuesta corrupción de sus allegados.
Un cartel en el que aparecen el presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y al actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con la palabra «Criminales», cuelga de una pantalla digital de mobiliario urbano en una calle adyacente a la Audiencia Nacional, donde Zapatero —quien gobernó España de 2004 a 2011— fue interrogado por un juez como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias, en Madrid, el 17 de junio de 2026. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP)
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“La situación ha aumentado el desgaste del gobierno y del Partido Socialista, en momentos en que Pedro Sánchez enfrenta cuestionamientos tanto desde la oposición como desde algunos sectores de sus aliados y del propio socialismo”, indicó Banús.
Muestra de ello es que incluso algunos dirigentes que históricamente han apoyado al gobierno socialista, como representantes del nacionalismo vasco, importantes figuras socialistas como el expresidente Felipe González e incluso dirigentes territoriales del partido han planteado la posibilidad de adelantar elecciones.
Se trata de un escenario que el experto ve, al menos en el corto plazo, difícil de cumplirse. “Sánchez siempre ha demostrado una gran capacidad para administrar los tiempos políticos y no tiene incentivos para convocar unas elecciones que podrían ser muy negativas para su partido”, consideró.
Sin embargo, poco probable no significa nunca y Banús señaló que si se sigue incrementando la presión contra Sánchez este podría ver una rebelión dentro de su propio partido, señalando que una parte del PSOE considera que una derrota electoral anticipada podría permitirles iniciar un proceso de renovación y evitar un desgaste político prolongado.
“Como dice el refrán, más vale un final con susto que un susto sin final”, resumió Banús.
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