El anuncio se produce apenas tres días después de que el candidato presidencial Roberto Sánchez convocó públicamente a una colecta ciudadana para cubrir los costos de los recursos presentados ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), que superaban los dos millones de soles.
“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más. No hemos puesto un monto. Vamos a parar. ‘Stop’, que no ‘yapeen’. Ya estoy diciéndolo yo, pero necesitamos una voz más oficial”, declaró Ayay en diálogo con la prensa, en las inmediaciones del local partidario, en Cercado de Lima.
La dirigente añadió que en los próximos días un vocero autorizado del partido brindará información más detallada sobre la situación de los fondos recaudados y el destino que tendrán los aportes efectuados por militantes y simpatizantes. Además, aseguró que la agrupación reconocerá los resultados oficiales del proceso electoral.
“Nosotros vamos a reconocer los resultados. Nuestra actitud es democrática”, dijo.
Juntos por el Perú no solo habilitó una cuenta del partido, sino también la cuenta personal de su tesorera.
El partido habilitó una cuenta bancaria de la agrupación y otra cuenta a nombre de Luzmila Ayay.
Hasta la publicación de esta nota, ni el abogado del partido, Roy Mendoza, ni el secretario general, Ernesto Zunini, respondieron a El Comercio porqué se habilitó una cuenta privada de la tesorera para recaudar fondos, cuánto dinero se recaudó y qué se hará con este.
La campaña de recaudación fue lanzada públicamente el viernes 13 de junio por Roberto Sánchez. Durante una conferencia de prensa, el candidato presidencial sostuvo que el partido necesitaba recursos para costear las tasas correspondientes a los pedidos de nulidad que había presentado en distintas mesas de sufragio del país y del extranjero.
“Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos y nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas”, señaló Sánchez.
También argumentó que muchas de las solicitudes no avanzaron debido a la falta de pago. “Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar [con] un sol, dos soles, tres soles. Vamos a lograr pagar esas tasas porque eso también nos va a permitir, en el marco del debido proceso, que la instancia respectiva se pronuncie”, señaló.
Juntos por el Perú había solicitado la nulidad de más de 1.700 mesas de sufragio instaladas en territorio nacional y más de 400 en el extranjero, alegando presuntas irregularidades. Las solicitudes fueron declaradas improcedentes por las autoridades electorales debido a que no se adjuntó el comprobante de pago de las tasas exigidas por ley.
La abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a El Comercio que las solicitudes de nulidad invocadas por la agrupación estaban sujetas a un plazo legal estricto. Según detalló, el pedido debía formularse dentro de los tres días calendario posteriores a la jornada electoral.
“La solicitud de nulidad de mesa de sufragio, bajo la causal invocada, podía ser presentada hasta tres días calendario posteriores al día de la elección. En este caso, como la elección fue el domingo 7 de junio, el plazo para presentar dicha solicitud venció el miércoles”, explicó.
La especialista agregó que la presentación debía efectuarse acompañando obligatoriamente la tasa correspondiente. “La solicitud debió presentarse adjuntando la tasa respectiva; de lo contrario, no existe un plazo de subsanación, sino que corresponde la improcedencia liminar, que es finalmente como se ha pronunciado el Jurado”, señaló.
Para recibir donaciones, el partido no solo habilitó su cuenta bancaria, sino también la cuenta personal de Luzmila Ayay.
Guevara alertó que mientras los recursos permanezcan en una cuenta personal y no ingresen formalmente a las cuentas oficiales de la organización, no pueden ser considerados aportes partidarios sujetos a la fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“El partido está obligado a rendir cuentas de los aportes en efectivo o en especie realizados a su favor, pero si se queda en la esfera entre privados con una persona natural, y no se hace ningún pago, es complicado para la ONPE supervisar este aspecto”, señaló.
La especialista indicó que la situación abre diversos escenarios respecto del destino de los recursos. El primero consiste en la devolución del dinero a los ciudadanos que realizaron transferencias. El segundo contempla que Ayay transfiera los montos recaudados a las cuentas oficiales del partido. En ese caso, la agrupación tendría que emitir el recibo de aportación correspondiente y registrar formalmente la operación en la rendición de cuentas que deberá presentar ante la ONPE.
Otra posibilidad es que el dinero sea utilizado para cubrir otros gastos de la organización política. De ocurrir ello, explicó Guevara, dichos desembolsos tendrían que ser considerados aportes en especie y ser incorporados a la contabilidad partidaria mediante los comprobantes respectivos.
La especialista señaló que los recursos no pueden destinarse libremente a cualquier finalidad distinta de aquella que fue comunicada a los ciudadanos al momento de solicitar su colaboración.
“Lo que no podría pasar es que utilice el dinero y no lo devuelva, para otra finalidad distinta al motivo por el cual los ciudadanos transfirieron. Allí estaríamos hablando, prácticamente, de un comportamiento engañoso, que ya linda con un tema de otro ámbito, no administrativo”, afirmó.
Una posición similar expresó el abogado especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi. A su juicio, el hecho de que los aportes hayan sido solicitados para una finalidad específica obliga a que el dinero sea devuelto si ese objetivo ya no puede cumplirse.
“Lo que corresponde es que la receptora de la cuenta en la que se hacían las donaciones proceda a hacer la devolución a todos los militantes y ciudadanos que han colaborado, porque el objetivo inicial y primigenio era pagar las tasas de los recursos impugnatorios y no cambiarle el destino”, sostuvo en diálogo con El Comercio.
Rospigliosi añadió que una eventual utilización de los recursos para otros fines podría generar responsabilidades legales. “Caso contrario, podrían incurrir en un delito de estafa”, dijo.
El abogado también recordó que Roberto Sánchez afronta actualmente un proceso penal vinculado al financiamiento de actividades partidarias. El Ministerio Público pide 5 años y 4 meses de cárcel para el candidato presidencial por presuntamente brindar falsa declaración sobre sus gastos y aportes ante la ONPE entre 2018 y 2021.
“Hay que recordar también que el proceso penal que tiene actualmente el señor Sánchez es porque las cuentas para pagar las tasas de inscripción de candidatos en el partido se hacían a la cuenta de su hermano, quien es coprocesado penalmente. Así que el señor debe aprender de sus errores y hacer la devolución correspondiente de este dinero”, señaló Rospigliosi.
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