Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron este lunes, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, constató un periodista de la AFP.
En las últimas dos semanas, los bloqueos de vías que impiden el transporte terrestre pasaron de más de 100 a unos 50 este lunes, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
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En La Paz, los residentes hacían largas filas de hasta tres cuadras en las afueras de un supermercado estatal por el inicio de la venta de carne de pollo a bajo precio.
Pero en los mercados privados de la capital política y de la vecina El Alto no parece sentirse ningún efecto: las carnes y vegetales todavía cuestan más del doble del precio habitual.
En los hospitales también escasean las medicinas y en las cercanías de las gasolineras los conductores duermen por días en sus vehículos a la espera de su turno.
“Toda la población es la que está sufriendo. Y el gobierno no toma decisiones. Están esperando que de cansancio, de aburrimiento, se levanten todos los bloqueos”, dice a la AFP Paola Herrera, de 50 años y trabajadora de una empresa de transporte.
Ella lleva cinco horas de pie en la fila por un pollo. Solo se entrega uno por persona.
El gobierno anunció que desde este lunes los cargamentos de pollo llegarán diariamente por vía aérea de Santa Cruz (este) a La Paz (oeste) con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la administración de Paz, que lleva siete meses en el poder.
Los manifestantes -principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros- rechazan las propuestas de reformas económicas de Paz y reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
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La presidencia de Paz puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, después de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Los principales sectores movilizados no aceptan los llamados al diálogo del gobierno, que no descarta imponer un estado de excepción que restringiría libertades de reunión y movimiento y permitiría emplear militares en el control de las protestas.
El gobierno denuncia que quienes exigen la dimisión de Paz son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él niega.
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