La Central Obrera Boliviana (COB) denunció este lunes la “aprehensión ilegal” de cinco dirigentes, al comenzar la sexta semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con bloqueos de carreteras que actualmente afectan a seis de las nueve regiones del país, principalmente en las zonas andina y central del territorio nacional.
La COB dijo en un comunicado que la detención de los cinco sindicalistas se produjo el domingo al ser “interceptados violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas”.
La organización tildó la detención de “secuestro” y de “un atentado a la vida” y aseguró que quienes la realizaron no portaban identificación policial, ni presentaron ningún mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente y arrojaron gas lacrimógeno dentro del vehículo para forzar su salida del mismo.
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La COB exigió la “liberación inmediata e irrestricta” de sus cinco dirigentes y solicitó la “intervención urgente” de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los dirigentes están detenidos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) “sin un informe policial de acción directa que justifique esta detención, lo que confirma el carácter arbitrario de este operativo”, según la COB.
La Defensoría del Pueblo informó por su parte en un comunicado que verificó la noche del domingo la detención en esa unidad policial de un total de ocho personas presuntamente vinculadas a la COB.
Policías y civiles se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Urzagasti / AFP).
/ RODRIGO URZAGASTI
Según el reporte defensorial, se trata de siete hombres y una mujer que fueron detenidos en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y para los que gestionó “el ingreso de ropa de abrigo y alimentación”.
Los conflictos comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y por el líder de la COB, el minero Mario Argollo, que se ha declarado desde hace varias semanas en la clandestinidad, aunque apareció hace unos días en un mitin en El Alto que ratificó la continuidad de las protestas.
Contra Argollo, según la Fiscalía, continua vigente una orden de aprehensión por los supuestos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, luego de que fracasaran los intentos de diálogo convocados con la mediación de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.
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Al inicio de la sexta semana de conflicto hay bloqueos en seis de las nueve regiones de Bolivia, sobre todo en las regiones andina y central donde hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.
Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras.
El Parlamento aprobó el fin de semana una ley de estados de excepción a solicitud del presidente para facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto, pero la norma aún no fue promulgada pese a presiones de varios sectores sociales y organizaciones regionales y empresariales para que lo haga.
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