Las cuatro encuestadoras, Ipsos, CPI, Datum e IEP, coinciden en que los resultados del domingo van a ser muy ajustados.
Ipsos da cuenta que, en el simulacro, Fujimori tiene 40,4% de los votos emitidos y Sánchez 38,3%. El blanco y viciado que usualmente baja tiene todavía 21,3% y la situación predebate nos indica que los votos válidos serían 51,4%. Todo esto dentro del margen de error, pero es básicamente idéntico a las otras encuestadoras, con lo cual, antes del debate, la elección de Keiko parecía ser probable incluso cuando el factor blanco-viciado tan alto hacía más complicada la situación.
El debate no fue ganado por Fujimori. Algunos hablan de empate, pero muchos coinciden en que quien obtuvo mejores resultados –quizás porque no se esperaba mucho– fue Sánchez. Aquí es relevante lo que el 26% muestra en la encuesta del IEP: este porcentaje aún no ha decidido por quién votar, ya que la primera razón de los que responden esto es que estaban esperando los debates para informarse más.
En síntesis, cualquiera de los dos puede ganar y quien lo haga lo hará por muy poco. Ello reabre los temas sobre lo que sucedió en primera vuelta y reafirma la impresión ciudadana sobre los organismos electorales. Se trata de una herida abierta, como lo muestran las encuestas de diferentes empresas.
El IEP encuentra que el 45% considera que hubo fraude en la primera vuelta. A ello se suma el 32% que señala que hubo irregularidades que sí afectaron los resultados.
En el caso de CPI, el 51,7% considera que las irregularidades descubiertas constituyen fraude. El 24,8%, en cambio, sostiene que las irregularidades no alteraron mayormente la votación. CPI pregunta si el Jurado Nacional de Elecciones actuará de manera imparcial o estará parcial con alguno de los candidatos en la segunda vuelta: señala que actuará de manera imparcial el 25,8%; no confía en su imparcialidad el 48,7%; y el 25,5% no precisa.
En el caso de la ONPE, la pregunta sobre si se confía en un conteo de votos imparcial: el 69,3% señala que no confía en la imparcialidad del organismo electoral.
A lo anterior hay que agregarle otro elemento que no tiene que ver con percepciones ciudadanas –que ya de por sí son muy importantes–, sino lo que dice la Contraloría General de la República en un reciente informe sobre lo que sucedió el día de la primera vuelta. El expediente señala expresamente que más de 2’400.000 de ciudadanos fueron afectados en su libertad a votar que, como sabemos, es un derecho constitucional que prima sobre cualquier otro. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, fue recientemente consultado sobre este tema, y señaló que no había tenido tiempo de leer dicho documento. Los días han pasado y por lo visto ese tiempo no se ha producido.
Todo esto nos lleva a una situación que hemos advertido: es altamente probable que luego de las elecciones tengamos una situación de extrema atención difícil de manejar y que, probablemente, podría terminar con uno u otro de los candidatos –dependiendo del resultado– reclamando fraude en las calles y deslegitimando el resultado electoral de quien haya ganado en ese previsible lento conteo de votos.
Barrer los problemas bajo la alfombra no era una buena idea, y si bien al señor Burneo no se le pueden atribuir conductas corruptas –como sí es el caso documentado de la ONPE–, sí se le puede reclamar no haber hecho la auditoría que prometió y que dijo que independientemente de quien gane, solo serviría para entregar la información a la fiscalía para que en algunos años concluyan una investigación.
La realidad suele imponerse a los deseos y, en este caso, las indecisiones de Burneo, si ocurre este resultado ajustadísimo, pueden causar problemas muy graves en el futuro inmediato.
Nota de redacción: Las encuestas mencionadas en este artículo son las que se dieron a conocer antes de que venciera el plazo legal para difundirlas.
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