El Ministerio Público (MP) ratificó su pedido de 5 años y 4 meses de cárcel para el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por brindar presunta falsa declaración sobre sus gastos y aportes ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), entre 2018 y 2021.
Mientras que la Procuraduría de la ONPE solicitó que el candidato presidencial y sus coacusados paguen una reparación civil solidaria de S/.28.700.00, por haber “mentido” ante dicho organismo.
El candidato presidencial es acusado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, en agravio de ONPE.
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Sánchez Palomino, quien se desplazaba en un vehículo, se conectó virtualmente para acreditarse a la audiencia.
No obstante, durante la audiencia judicial realizada la tarde del jueves, el magistrado Adolfo Farfán, rechazó el pedido de la fiscalía para que el caso pase directamente a juicio oral sin realizar un control de acusación.
Esto, pese a que en el 2024 ya se había emitido un auto de enjuiciamiento en contra de Sánchez Palomino y otros, e incluso el caso ya tenía fecha programada para el inicio de juicio oral.
Al cierre de la audiencia, el magistrado declaró infundadas las observaciones de las defensas técnicas de los acusados y declaró la validez formal de la acusación. La audiencia continuará este viernes 5 de junio a las 14:00 horas, donde se proseguirá el control de acusación referido a las observaciones sustanciales pendientes y la verificación de elementos probatorios.
En la sesión judicial, además, el magistrado ordenó el archivo del proceso penal contra el coacusado Raúl del Castillo por el presunto el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo sobre la declaración de los aportes de campaña del 2018, ocurrido el 21 de enero del 2019; al haber prescrito en enero del 2025. También declaró extinta la acción civil.
Fiscalía y ONPE señalan que candidato presidencial dio declaración “falsa”
En la sesión, la fiscal anticorrupción Gladys Huete Gutiérrez, sustentó su pedido de sobreseimiento (archivo) del proceso contra dos implicados por el presunto delito de fraude en la administración de la persona jurídica.
Además, reiteró su acusación contra Sánchez Palomino y otros tres implicados por presuntamente haber brindado falsa declaración tanto en la rendición de cuentas financieras de las cuentas de Juntos por el Perú entre 2018 y 2019; así como los gastos e ingresos de campaña durante las elecciones del 2018 y 2020.
“Se le atribuye a Roberto Sánchez Palomino el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, toda vez que en su calidad de apoderado y representante del partido político Juntos por el Perú al haber declarado datos falsos ante la gerencia de supervisión partidaria de la ONPE”, manifestó la fiscal.
También se le imputó que habría declarado datos falsos sobre la información financiera de 2019 y 2020 y falseamiento de información sobre aportaciones para la campaña congresal del 2020.
Militantes de Juntos por el Perú esperaron discurso de Roberto Sánchez por tres horas. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)
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En algunos casos se declaró monto “cero” y en otros se declaró montos que no correspondían a los presuntos aportes señalados, puesto que se abrieron cuentas personales donde se habrían recepcionado los aportes, los mismos que no se dieron cuenta a ONPE.
Huete Gutiérrez también se ratificó en los elementos de convicción que presentó para sustentar la acusación contra Sánchez Palomino, en ambos delitos imputados. Lo propio hizo con los demás acusados.
“Sobre la pena solicitada, señor juez, es la siguiente: Para el acusado Roberto Helbert Sánchez Palomino, en calidad de autor, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y delito de falseamiento de la información sobre aportaciones de ingresos y gastos, solicitamos 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación en el cargo de presidente de Juntos por el Perú”, requirió la fiscal.
Para el resto de acusados también requirió entre 5 años y 2 años de pena privativa de libertad.
ROBERTO SANCHEZ-AUTO DE ENJUCIAMIENTO
Previo a la oralización de su requerimiento, la fiscal había solicitado que el magistrado ya no realice un nuevo control de acusación puesto que solo debía emitirse un nuevo auto de enjuiciamiento y el caso debía pasar a juicio oral.
Según explicó la representante del Ministerio Público, el Poder Judicial ya había emitido un auto de enjuiciamiento, y debido a un pronunciamiento de la Sala Superior solo se tenía que adecuar la acusación retirándose el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y proseguir el juicio con los otros dos delitos subsistentes (falsa declaración en procedimiento administrativo y delito de falseamiento de la información sobre aportaciones).
El auto de enjuiciamiento, anotó la magistrada, se dictó en agosto del 2024. Mientras que en enero del 2025 se citó a juicio oral y el 4 de abril de ese mismo año debía haberse iniciado dicha etapa.
ROBERTO SANCHEZ-AUTO DE ENJUCIAMIENTO
Por otro lado, el procurador adjunto de la ONPE, Juan Revilla, señaló que la actuación de los acusados, incluido Sánchez Palomino, habría vulnerado el control del financiamiento de partidos políticos, se violó la Ley de partidos políticos y habrían ocultado los ingresos partidarios.
“Este engaño sistemático de la utilización de cuentas paralelas para ocultarle información a la Onpe y generar una deslegitimación al sistema de control. Existe un nexo causal directo que lo acusados que han mentido en sus declaraciones presentadas a la Onpe y que al ocultar estos fondos se configuran en los artículos 411 y en el artículo 358 (b). Esta es una conducta eminentemente dolosa, como ya se demostrará en juicio oral, toda vez que la utilización de cuentas personales y de otras personas ha sido el detonante para ocultar estos fondos a la Onpe.”
Por ello, solicitó una reparación civil ascendente en S/.27,800 por ambos delitos, puesto que las presuntas conductas ilícitas han vulnerado el principio de veracidad del procedimiento administrativo y el principio de transparencia con el que se deben conducir los partidos políticos.
En esa línea, precisó que los montos solicitados son de S/8,700 para Sánchez Palomino y S/7,000 para cada uno de los tres coimputados.
Defensa de Sánchez cuestionó la acusación
El abogado García Asenjo, defensa legal de Roberto Sánchez, cuestionó la nueva acusación presentada por la fiscalía al señalar tres observaciones formales.
Una de ellas, manifestó, es que a su patrocinado se le atribuyen hechos en calidad de “autor” sin que la fiscalía haya precisado qué elementos de convicción le corresponden respecto a los supuestos “cómplices”.
Sumado a ello, también cuestionó una vulneración a la imputación necesaria, pues adujo que la fiscalía no había explicado por qué se le califica como autor y a otros se les imputó como cómplices.
El abogado también se pronunció sobre el pedido de la fiscalía para que se emita el auto de enjuiciamiento la tarde del jueves y se pase directamente a un juicio oral.
Ello, al señalar que la instancia superior, al anular el delito de fraude en la administración de la persona jurídica, no estableció que el caso debía ser adecuado y pasar directamente a juicio oral.
“Al ir a un control de acusación no es que estemos invalidando algún trámite (previo) o dando por no realizadas las audiencias de control (pasadas); sino que tiene que haber una variación de la imputación porque algunos actos han sido sobreseídos y eso es lo que se tenía que reformular y verificar que esos elementos de convicción salgan de este trámite.”
Por tanto, señaló que lo que correspondía era proceder con el trámite de control de la nueva acusación, debiendo ser nuevamente discutida y saneada por todas las partes.
ROBERTO SANCHEZ
Magistrado señaló que fiscalía no había cuestionado la “renovación” del control de acusación
Durante la sesión, el magistrado Adolfo Farfán, sostuvo que la nueva acusación debía pasar por un “filtro” en una audiencia correspondiente de control de acusación para emitir un nuevo auto de enjuiciamiento.
Por ello, rechazó el pedido del Ministerio Público para que se disponga que el caso pase directamente a juicio oral.
Según el magistrado, desde el 2024, la acusación tuvo tres subsanaciones y en ninguna de ellas el fiscal a cargo del caso -en ese momento- cuestionó o apeló la decisión de que debía hacer un nuevo control de acusación.
“Lo propuesto por el Ministerio Público no se adhiere a los hechos, puesto que los fiscales que estuvieron en esas audiencias no se opusieron a la renovación del control del acusación. Entonces, el planteamiento de que se ha hecho un nuevo requerimiento y se ha dado por validado (el auto de enjuiciamiento), no opera en este caso porque estamos ante supuestos diferentes”, adujo el magistrado.
Por ello, declaró infundada la solicitud del Ministerio Público para emitir el auto de enjuiciamiento saneado y pasar a juicio oral, procediendo a realizar el control de acusación.
Al término de la sesión, el magistrado y la defensa legal de Sánchez Palomino, protagonizaron un incidente debido al reclamo del último sobre la programación de la audiencia para la tarde de este viernes.
“No comprendemos la celeridad de programar la audiencia el día de mañana (hoy viernes). Como dije, sé que lo han tratado a usted muy duro, siendo que usted ha sido muy flexible con el señor Roberto Sánchez, pero parece que usted quisiera dar otra impresión al ser tan célere”, sostuvo García Asenjo, abogado de Sánchez.
“No me parece apropiado lo que usted está hablando (…) Lo que es cierto es que la continuación de la audiencia se da en mérito a que el 17 Juzgado quedó desactivado y por redistribución la causa fue remitida a mi despacho”, anotó el juez.
JUEZ ADOLFO FARFÁN
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