Durante los últimos 30 años, el Perú ha vivido una de las transformaciones económicas más importantes de su historia. Pese a las recurrentes crisis políticas, cambios de gobierno, conflictos sociales e incluso una pandemia global, el país logró reducir significativamente la pobreza, ampliar la clase media, multiplicar sus exportaciones y atraer miles de millones de dólares en inversión privada. Estos avances no fueron casualidad. Fueron producto de un modelo económico basado en la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el respeto a la inversión privada y la integración del Perú a los mercados internacionales.
Sin embargo, mientras la economía avanzaba, el Estado quedó rezagado.
La gran contradicción peruana es que el sector privado aprendió a competir en un mundo globalizado, mientras muchas instituciones públicas permanecieron atrapadas en prácticas del pasado. La corrupción se volvió estructural, la burocracia creció sin mejorar resultados, la capacidad de gestión se debilitó y muchas entidades públicas dejaron de atraer y retener al mejor talento profesional.
Los resultados saltan a la vista: tenemos una economía capaz de exportar productos a los mercados más exigentes del mundo, pero seguimos enfrentando enormes brechas en salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y justicia. Y no porque falten recursos, sino porque el Estado ha demostrado ser incapaz de transformarlos eficientemente en servicios de calidad a favor de sus ciudadanos.
La evidencia de las últimas décadas demuestra que el principal obstáculo para el desarrollo peruano no ha sido la falta de participación estatal en la economía, sino la debilidad institucional del propio Estado. El problema no es que exista demasiada inversión privada; el problema es que muchas veces no existe un Estado suficientemente moderno, transparente y competente para regular, promover, supervisar y acompañar ese crecimiento. Por ello, el debate nacional debería abandonar las falsas dicotomías entre “mercado y Estado” El Perú no necesita reemplazar al sector privado ni convertir al Estado en empresario. Necesita construir instituciones sólidas, profesionales y transparentes. Necesita un Estado que regule con firmeza, fiscalice con independencia, planifique con visión de largo plazo y ejecute con eficiencia.
Los países que alcanzaron altos niveles de desarrollo no lo hicieron enfrentando al sector privado con el sector público. Lo lograron entendiendo que ambos cumplen funciones distintas y complementarias. La inversión privada genera riqueza, empleo e innovación. El Estado garantiza reglas claras, igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad.
Treinta años de experiencia dejan una lección clara: cuando la inversión crece, el país avanza. Cuando las instituciones se debilitan, el desarrollo se estanca. El desafío del Perú para las próximas décadas no es cambiar el modelo que genera riqueza, sino construir el Estado que aún no ha sido capaz de estar a la altura de esa riqueza.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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