En el debate técnico del pasado domingo 24 de mayo ocurrió algo que merece más atención de la que recibió. En cuestión de minutos, Pedro Francke declaró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú mantendría a Julio Velarde en el BCR, no haría estatizaciones y respetaría los contratos. Minutos después, Hernando Cevallos –su propio compañero de equipo– salió a decir que hay que cambiar el modelo económico. Versiones totalmente antagónicas dentro del mismo equipo técnico. No era un malentendido.
Eso es lo que hay detrás de la nueva narrativa ‘moderada’ de Roberto Sánchez rumbo al balotaje del 7 de junio: no una convicción, sino una estrategia. El problema es que las instituciones no se protegen con estrategias electorales. Se protegen con coherencia, con trayectoria, con una señal sostenida en el tiempo. Y en el caso del Banco Central de Reserva del Perú, lo que se ha emitido desde Juntos por el Perú es ruido.
El plan de gobierno original –el que fue presentado formalmente ante las autoridades electorales– propone ampliar el mandato del BCR más allá del control inflacionario, y usar parte de las reservas internacionales para financiar gasto público. En primera vuelta, el propio Sánchez fue explícito sobre Velarde: “Ningún hombre y mujer es imprescindible”. Ahora, bajo la presión del balotaje, dice que lo mantendría, incluso invocando un acuerdo con Pedro Castillo, lo cual, lejos de tranquilizar, inquieta más. Y el propio candidato no ha deslindado con nitidez ni de su plan original ni de Antauro Humala, cuyo respaldo define como “convergencia” su propio aliado etnocacerista.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pronunció esta semana un diagnóstico que parece escrito para este momento peruano, aunque lo dijo observando el mundo entero. “En la última década, la independencia de facto se ha deteriorado en casi la mitad de los bancos centrales de países que representan el 75% del PBI mundial”, advirtió desde Camboya. Y fue más precisa aún al señalar las tres condiciones para defender esa independencia: claridad del mandato institucional, comunicación directa con los ciudadanos, y preservación del margen de maniobra de la política monetaria, lo que depende, ante todo, de la responsabilidad fiscal. Ninguna de las tres condiciones es compatible con un gobierno que entra prometiendo ampliar el mandato del banco central, gastar las reservas o modificar el modelo económico de fondo.
Esta semana, en medio de la coyuntura electoral polarizante, la agencia de calificación crediticia, Moody’s, advirtió en su más reciente informe sobre el Perú que mantener la credibilidad de las políticas y la fortaleza institucional es clave para la calidad crediticia soberana de nuestro país. No son advertencias ideológicas. Son advertencias técnicas sobre lo que ocurre cuando las instituciones pierden su ancla.
El BCR ha sido, durante décadas, la razón por la que el Perú atravesó tormentas externas sin derrumbarse. Su independencia no es un privilegio de tecnócratas: es el seguro de los peruanos más pobres, quienes son siempre los primeros en perder cuando la inflación se desancla.
Roberto Sánchez tiene hasta el 7 de junio para convencer al país de que sus palabras de segunda vuelta no son simplemente las palabras que el auditorio necesita escuchar. Hasta ahora, su propio equipo no logra ponerse de acuerdo. Y un banco central no se protege con ambigüedad. Se protege con algo mucho más difícil de construir –y mucho más fácil de destruir– que un discurso de campaña: la confianza.
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