A menos de dos semanas de la elección de segunda vuelta, el debate sobre la política económica del nuevo gobierno ocupa un lugar central. Si bien el Perú cuenta con importantes contrapesos institucionales —como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el rol del Tribunal Constitucional y un Congreso bicameral con mayores exigencias para la aprobación de normas—, estos “candados” no eliminan la capacidad de acción del Ejecutivo.
Y es que, los contrapesos institucionales sí importan. La bicameralidad, los mayores requisitos para aprobar normas fiscales y el rol de entidades autónomas actúan como mecanismos de contención. Sin embargo, estos límites son parciales. La evidencia muestra que el Ejecutivo conserva suficiente margen para influir en variables críticas –como expectativas, inversión y empleo– incluso sin mayoría congresal.
—Dos enfoques contrapuestos—
Como ya se ha demostrado, las propuestas de ambos partidos configuran trayectorias claramente diferenciadas. Por un lado, Fuerza Popular plantea un enfoque centrado en la promoción de la inversión privada, el destrabe de proyectos y la simplificación administrativa. Por otro, Juntos por el Perú propone una transformación estructural del modelo económico, con mayor intervención estatal, una asamblea constituyente y cambios en el rol del sistema financiero y del BCR.
Entre las principales medidas en discusión destacan elementos como la defensa o afectación de la autonomía del banco central, la renegociación de contratos en sectores estratégicos, la intervención directa del Estado en la actividad económica y la implementación de reformas tributarias de gran magnitud.
Al proyectar el efecto de estas propuestas, los resultados son contundentes. Bajo un escenario de continuidad del marco macroeconómico –asociado a Fuerza Popular–, el crecimiento del PBI se podría ubicar en torno a 4,5% anual en el período 2026-2031. En contraste, bajo un escenario de mayor intervención estatal e inestabilidad por el llamado a una Asamblea Constituyente —asociado a Juntos por el Perú—, el crecimiento se desaceleraría a alrededor de 1,5%.
La principal diferencia radica en la inversión privada, la variable más sensible al entorno institucional. En un escenario de estabilidad y respeto a contratos, esta crece de forma sostenida, impulsada por el destrabe de una cartera minera de aproximadamente US$60 mil millones. En cambio, en un escenario de renegociación de contratos, incertidumbre constitucional y mayor intervención estatal, la inversión sufre un choque inmediato de confianza. Incluso podría entrar en terreno negativo hacia el final del período, replicando parcialmente lo ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando la inversión privada cayó 6,1% en 2023.
—Lecciones recientes: el precedente Castillo—
La experiencia con Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, ofrece un precedente claro sobre los efectos de cuestionar las bases del modelo económico. La incertidumbre generada en ese periodo derivó en una salida de capitales equivalente al 7% del PBI y una fuerte depreciación del sol. Asimismo, el deterioro de la confianza empresarial se tradujo en una paralización de la inversión y en un menor dinamismo económico, cuyos efectos terminaron impactando principalmente en los ingresos de los hogares más vulnerables. A esto debemos sumar el marcado deterioro de la gestión pública generado por una altísima rotación de funcionarios y nombramientos de personal no idóneo para los cargos.
Las propuestas de Juntos por el Perú recogen varios elementos similares: cuestionamiento de la autonomía del BCR, uso de reservas internacionales, impulso a una asamblea constituyente, una mayor intervención estatal en sectores estratégicos y una conformación de equipos sobre la marcha. Esto sugiere que los riesgos observados en el pasado podrían reactivarse bajo un nuevo gobierno con este enfoque.
El impacto de las decisiones del gobierno puede ser profundo. El Ejecutivo mantiene control sobre aspectos clave como la ejecución y priorización del gasto público; nombramiento, no solo de ministerios, sino también de altos mandos policiales y militares, jefes de EsSalud, Sunat, Indecopi, Sunafil entre otros; la gestión de programas sociales, la fijación del salario mínimo y la conducción de la inversión pública. Estas herramientas son suficientes para alterar significativamente las expectativas, la confianza e impactar en el desempeño de la economía real.
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