El Perú vuelve a enfrentar una coyuntura en la que votar se convierte en una decisión cargada de responsabilidad. Los resultados han dejado a millones de peruanos ante una disyuntiva incómoda: elegir entre opciones que, sumadas, apenas representan a una minoría del electorado nacional.
Por un lado, una candidatura respaldada por el legado de quien protagonizó un golpe de Estado y pretendió tomar por asalto las instituciones democráticas; por el otro, fuerzas políticas que desde el Congreso han contribuido al deterioro de la institucionalidad y al descrédito de la política. Ninguna de las dos ha presentado un proyecto serio, moderno y responsable.
Un ejemplo ha sido el manejo del Reinfo. Ambos sectores han preferido sostener mecanismos que, bajo el argumento de promover la formalización minera, terminaron muchas veces permitiendo actividades al margen de la ley, explotando a las personas y agravando el daño ambiental. A ello se suma la frustración por el proceso electoral. La improvisación logística, las deficiencias organizativas y el gasto cuestionable en sistemas que no mejoraron la eficiencia del proceso han dejado una profunda desconfianza en la ciudadanía. Para muchos, las elecciones fueron un reflejo más de un Estado incapaz de gestionar con eficacia incluso los procesos más fundamentales de la democracia.
El país debe enfrentar la realidad política que ha surgido de las urnas. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué hacer en la segunda vuelta?
El voto en blanco, viciado o el ausentismo pueden expresar rechazo y frustración, y ciertamente transmiten un mensaje político. Pero existe el riesgo de que, al renunciar a decidir, sean los sectores más radicales, desinformados o movidos por promesas populistas que terminen definiendo el futuro del país. En circunstancias como estas, la abstención puede convertirse, involuntariamente, en una forma de delegar la responsabilidad.
Por eso, más que votar desde el enojo, el desafío es votar con serenidad y sentido práctico. El país necesita exigir compromisos claros a quienes aspiran a gobernarlo: restablecer la institucionalidad, fortalecer la seguridad ciudadana, recuperar la eficiencia del Estado y combatir la corrupción.
El próximo gobierno deberá poder destrabar inversiones, promover empleo y recuperar el crecimiento económico, porque detrás de la crisis política existe una realidad mucho más dura: millones de peruanos viven atrapados en la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades.
También será fundamental observar los equipos que acompañarán a cada candidatura. Serán los cuadros técnicos, la calidad de los ministros y la capacidad de gestión lo que determinará si el país logra recuperar estabilidad o profundiza aún más su crisis.
Pero quizá el reto más importante sea evitar que el odio siga marcando a los peruanos. La polarización ha fragmentado al país y ha convertido al adversario político en un enemigo irreconciliable. Ninguna democracia puede sostenerse bajo esa lógica.
El Perú necesita volver a escucharse, reconstruir puentes, recuperar la confianza y entender que el desarrollo solo será posible si se construye un proyecto común. Las próximas elecciones no resolverán por sí solas todos nuestros problemas, pero sí pueden marcar el inicio de una etapa en la que la moderación, la institucionalidad y el sentido de país vuelvan a ocupar el lugar que nunca debieron perder.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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