Durante el Día 1 Summit conversamos con Germán Lora, socio de Damma Legal Advisor y ex asesor del Ministerio de Trabajo (2016-2017), sobre la situación del sector público tras la aprobación de beneficios sociales para los trabajadores del régimen CAS. El abogado también analizó cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno en temas de empleo y relaciones de trabajo.
¿Con las diferentes leyes aprobadas por el Congreso, que en su mayoría son beneficios laborales para el sector público, cómo ha quedado el escenario laboral para el siguiente periodo?
El sector público ha quedado bien cargado, porque las normas que aprobaron de alguna manera incorporan a los trabajadores del CAS en un régimen de 728 o les dio beneficios que no tenían antes. Estas disposiciones han generado un escenario laboral para el sector público bastante cargado, con bastante nivel económico que podría afectar seguramente los presupuestos de cada ministerio, porque las normas se han generado con el presupuesto de cada uno de ellos. Entonces, en el sector público encontramos un régimen laboral CAS que ya casi está destrozado, que no tiene ninguna diferencia con un régimen laboral 728 y entonces el nuevo gobierno encontrará un sector público con un alto costo que no se tenía mapeado hace un par de años.
El Pleno del Congreso aprobó incorporar a docentes de establecimientos penitenciarios a la carrera pública magisterial. Foto: Congreso.
La diferencia de los beneficios entre los regímenes laborales del sector público es clara, en ese sentido ¿qué se debió priorizar en estos últimos cinco años?
El régimen CAS era un régimen híbrido entre el régimen del sector público, el 276 y el 728, que es el régimen de la actividad privada. Se creó para que, de alguna manera, haya un tránsito hacia lo que se ha perdido en el horizonte, que es la Ley Servir. Ahora vemos que todo se ha desnaturalizado, porque la idea de la Ley Servir era crear una norma, un sistema de carrera administrativa moderno a donde todos apuntaran. Entonces, todo se ha desvirtuado.
Ahora tenemos un panorama laboral sin orden ni seguridad jurídica porque el contratado por CAS, que era un régimen híbrido, ha pasado a ser casi un 728. En ese sentido, debería desaparecer el CAS porque ya no tiene ninguna diferencia con el 728. Están utilizando un régimen que no tiene sentido y lo que tiene que hacer el próximo gobierno es implementar la Ley Servir, la Ley de carrera administrativa meritocrática. La Ley Servir es un buen rumbo, pero es muy cara para su implementación. De todos modos, creo que ese es el mensaje para el próximo gobierno: Tomemos la batuta de qué vamos a hacer con los trabajadores del sector público. ¿Vamos a terminar implementando una Ley Servir o creando un nuevo régimen?
Hay especialistas que sugieron al siguiente gobierno acudir al Tribunal Constitucional para eliminar al menos las leyes que todavía no entran en vigencia, ¿qué riesgos implica esto?
Creo que las normas que afectan la Constitución deberían ser cuestionadas. Hay un montón que se han dado en los últimos años y que lamentablemente no ha habido la capacidad jurídica o la intención política de cuestionarlas. Al menos, con estas últimas normas que de alguna manera cargan al Estado y que son inconstitucionales, debería irse por ese camino.
Trabajadores CAS. | Andina
Pero eliminarlas podría generar conflictividad social.
Lo que podría generar es conflictividad y un reclamo de los trabajadores válido, porque están prestando servicios igual que otros y tienen menos beneficios; pero es que el CAS era un régimen temporal que debió trabajarse así. Ahora han utilizado de forma masiva y hasta abusiva este régimen. En adelante, lo único que hay que hacer es contratar bien. A futuro se tiene que ver qué vamos a hacer con los trabajadores del régimen público en línea de tener un sistema meritocrático, un sistema de carrera administrativa.
En estos cinco años, ¿hay cambios que considera hubieran sido favorables para el sector laboral?
En lo que es legislación laboral del sector público, yo creo que por ahí pasa el derrotero de lo del sector público, un poco bajarse el CAS. En el sector privado, estamos muy regulados. Las últimas dos normas importantes que se dieron en este último quinquenio fueron la ley de tercerización de servicios, para prohibir tercerizar el núcleo del negocio, y la modificación que se hace al reglamento de la ley de relaciones colectivas de Trabajo, donde se le da mucha fuerza a los sindicatos, a la negociación colectiva y al arbitraje en favor de los trabajadores. Esas dos normas fueron cuestionadas judicialmente, la primera se terminó derogando.
Esos dos intentos por modificar abiertamente la legislación laboral privada fue cuestionada y el poder judicial le dio la razón a la Acción Popular diciendo que era una norma inconstitucional y por lo tanto había que salir del ordenamiento jurídico. Entonces, no creo que existan muchas normas que revisar en el sector privado. Creo que hay que revisar lo que actualmente tenemos; es decir, revisar la legislación laboral peruana para hacer que las relaciones laborales, los contratos de trabajo formales sean atractivos para los empleadores.
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