El miércoles 13 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra la congresista Katy Ugarte por el presunto delito de concusión más conocido como el caso mochasueldo. Trece votos a favor, cinco en contra. La fiscalía había presentado transferencias bancarias, audios y testimonios. No importó. El informe concluyó que no existían “pruebas concretas, directas y verificables”. La misma fórmula que ya se había usado para Rosio Torres en julio del 2025. La misma que se usó antes para José Arriola. Y antes, para Magaly Ruiz.
Llevamos tres años contando la misma historia con distintos nombres. Desde abril del 2023, cuando los primeros audios de María Cordero Jon Tay salieron a la luz —exigiéndole a un trabajador hasta el 75% de su sueldo, además de joyas y gastos de viaje—, el escándalo de los mochasueldos ha involucrado a por lo menos catorce congresistas de seis bancadas distintas. El delito en cuestión no es abstracto ni técnico: es un parlamentario que contrata a alguien con dinero del Estado, le asigna un sueldo con dinero del Estado, y luego le exige que le devuelva parte de ese sueldo. Es decir, un congresista que le roba a un trabajador a su cargo.
La respuesta del Congreso ante ese delito ha sido sistemáticamente la misma: amonestaciones que no duelen, suspensiones reducidas a la mitad por cuestiones previas, archivos votados en bloque por bancadas que se protegen entre sí. Flores Ancachi recibió 30 días cuando la Comisión de Ética pedía 120. Torres y Ruiz, de APP, solo recibieron una amonestación pública y una multa. Los casos de María Agüero y Raúl Doroteo —con informes aprobados que recomendaban la máxima sanción— nunca llegaron al pleno porque el presidente del Congreso cerró la legislatura sin ponerlos en agenda.
Esto no es negligencia. Es la arquitectura de impunidad que construyó el Parlamento. El Congreso peruano funciona, en materia de ética y control interno, como un cartel de impunidad cruzada. Las bancadas no se protegen por ideología, sino por interés mutuo. Hoy salvo a tu congresista, mañana salvas al mío. El resultado es que la institución que debería fiscalizar al Ejecutivo no puede ni fiscalizarse a sí misma.
El caso de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ilustra el problema en su dimensión más inquietante. Una denuncia constitucional de la fiscalía contra él por designación irregular en el Mincetur llegó al Congreso el 22 de enero del 2025 y permaneció congelada durante 470 días, sin trámite, mientras la SAC fue presidida primero por María Acuña —de APP— y luego por Lady Camones, también de APP. La explicación oficial: “los plazos no alcanzan”. La denuncia pasará al próximo Congreso. Sánchez, mientras tanto, llega a segunda vuelta.
Hay algo particularmente perturbador en eso: un candidato que se benefició de la protección parlamentaria compitiendo como alternativa a un sistema que lo protegió. No es una ironía menor. Es el corazón del problema peruano: la antipolítica se alimenta del mismo sistema que critica, y el elector que quiere castigar al establishment termina muchas veces eligiendo a alguien que ya estaba dentro de él.
¿Qué hace esto con la democracia? La daña de una manera específica y difícil de revertir. No produce indignación sostenida —que moviliza— sino resignación instalada —que paraliza—. Cuando catorce congresistas de seis bancadas son acusados del mismo delito y el sistema responde con archivos y amonestaciones, el ciudadano no concluye que el sistema falló. Concluye que así funciona el sistema. Y tiene razón.
Lo que ocurrió el miércoles con Katy Ugarte no fue una decisión aislada. Fue un recordatorio de que el Congreso que nos pide el voto cada cinco años es el mismo que, entre elección y elección, se vota a sí mismo la impunidad. La pregunta, algo desalentadora, es si esta arquitectura de impunidad se mantendrá en el próximo parlamento bicameral.
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