El Perú atraviesa su hora cero. En menos de un mes, el país deberá elegir entre dos candidatos que, juntos, no representan siquiera al 30 % del electorado. Dos opciones marcadas por cuestionamientos políticos, jurídicos y éticos; dos proyectos que difícilmente generan confianza en una ciudadanía agotada por años de inestabilidad, corrupción y polarización.
Sin embargo, el próximo 7 de junio no solo se definirá una contienda electoral, sino el rumbo institucional y económico del país. De un lado, se encuentra un proyecto democrático que apuesta por el libre mercado, la estabilidad económica y el fortalecimiento de programas sociales orientados a los sectores más vulnerables. Del otro, emerge una propuesta autoritaria y estatista, sostenida por discursos confrontacionales, por sectores que han promovido tesis beligerantes frente a países vecinos y por actores políticos que dilapidaron millones de soles en investigaciones fiscales que nunca lograron esclarecer de manera concluyente algunos de los casos de corrupción más graves de la historia reciente del Perú.
No cabe duda de que Keiko Fujimori y todo lo que representa Fuerza Popular generan incertidumbre debido a los graves errores políticos cometidos durante la última década. El obstruccionismo parlamentario, los enfrentamientos constantes con otros poderes del Estado y la incapacidad de construir consensos han erosionado seriamente la institucionalidad democrática. Sin embargo, pese a todos esos cuestionamientos, el fujimorismo no plantea una refundación absoluta del sistema político ni una alteración radical del modelo económico que, con todos sus defectos, permitió al Perú alcanzar décadas de crecimiento sostenido.
En contraste, el proyecto político articulado alrededor de Roberto Sánchez, José Domingo Pérez, Antauro Humala y sectores vinculados a la izquierda radical pretende impulsar una Asamblea Constituyente, relativiza las dictaduras latinoamericanas afines ideológicamente y plantea fórmulas económicas que ya han fracasado en otros países de la región. Resulta preocupante, además, que se reivindiquen modelos de elección popular de jueces o discursos que subordinan el crecimiento económico a consignas ideológicas ambiguas y poco viables en términos de gestión pública.
La experiencia latinoamericana demuestra que los países no colapsan únicamente por golpes de Estado o quiebres militares. También pueden deteriorarse progresivamente a través del debilitamiento institucional, la captura política de organismos autónomos, el desprecio por la inversión privada y la erosión sistemática de la seguridad jurídica. Venezuela, Argentina y Bolivia constituyen ejemplos evidentes de cómo el populismo puede destruir, en pocos años, décadas de estabilidad económica y democrática.
A ello se suma un elemento particularmente grave: la precariedad técnica de gran parte de los cuadros políticos que hoy pretenden conducir el país. En lugar de promover reformas serias en salud, educación, seguridad ciudadana o infraestructura, se insiste en discursos ideologizados y en fórmulas simplistas que apelan al resentimiento social antes que a soluciones concretas. El resultado es un debate público empobrecido, dominado por consignas antes que por propuestas viables.
El Perú ya vive una crisis política prolongada. En menos de diez años, el país ha tenido múltiples presidentes, enfrentamientos permanentes entre poderes del Estado y una ciudadanía cada vez más distante de la clase política. Lo verdaderamente peligroso sería transformar esa crisis política en una crisis económica de gran escala. Cuando se destruye la confianza, se paraliza la inversión; y cuando se paraliza la inversión, quienes terminan pagando las consecuencias no son los políticos, sino millones de peruanos que ven reducido su empleo, sus ingresos y sus posibilidades de progreso.
Por ello, la elección del próximo 7 de junio no debería analizarse desde simpatías personales o pasiones ideológicas. Lo que está en juego es la preservación de un modelo democrático imperfecto, sí, pero susceptible de ser corregido dentro del marco constitucional; frente a otro proyecto que parece apostar por dinamitar las bases mismas del sistema institucional peruano. La historia reciente de América Latina demuestra que destruir un país toma pocos años; reconstruirlo, en cambio, puede tomar generaciones enteras.
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