En las últimas semanas se han difundido varios informes y denuncias sobre algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y policías que estarían involucrados en el delito de minería ilegal. Importante incidir en lo siguiente: no son todos los militares ni policías; son solo algunos. Tampoco hay un contubernio institucional con la ilegalidad en la minería ni en las Fuerzas Armadas ni en las fuerzas policiales. Considerar eso sería no solo un yerro, sino un absurdo, además de un insulto a una de las instituciones tutelares de la república.
Subrayado lo anterior, diremos que hay por lo tanto algunos militares y policías que han caído en la minería ligada con el oro ilegal, el cobre ilegal o el carbón ilegal, este último un mineral que en La Libertad es un furor y cuya exportación está en auge por la demanda europea.
En Pataz, ahora mismo, hay una historia enrevesada que involucra a algunos militares y policías de acusaciones mutuas de dar “seguridad y protección” a mineros ilegales y a las familias millonarias que invaden concesiones ajenas y que tienen plantas de procesamiento sin vigilancia ni fiscalización. Se comenta que la caída de un general de La Libertad es parte de esta dialéctica del delito. Otro ejemplo: un oficial de la policía acumula más de S/31 millones en sus cuentas bancarias. Él había sido designado a una zona minera ilegal convulsa. Otros tres militares son acusados de dar “apoyo” a ilegales en Pataz. En Madre de Dios igual y en el Nanay también.
Todo lo anterior es peligroso, sumamente peligroso. Si los militares, sobre todo, y los policías pierden la confianza de los ciudadanos y otras instituciones porque alguno de los suyos estaría involucrado directa o indirectamente en la ilegalidad y criminalidad en la minería, entonces el último bastión de la seguridad y protección se derrumba.
No es la primera vez que algunos militares y policías son centro de investigaciones sobre acciones ilegales y criminales en la minería. Miren Tocache, ciudad clave en el Alto Huallaga, eje de toda la zona cocalera de San Martín y Huánuco. Entre fines de la década de los setenta hasta los primeros años de los noventa, la zona fue centro de la explosión de la cocaína con sus capos y líderes, algunos presos hasta hoy. Por supuesto que durante esos años hubo muchas denuncias en medios de comunicación que involucraron a militares y policías como colaboradores del narcotráfico. También políticos, claro está. No pudo ni puede existir narcotráfico ni ilegalidad en la minería sin la corrupción ni la anuencia de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales.
Ahora tomen un mapa y observen Pataz, la pequeña “urbe rural” enclavada en las montañas liberteñas. Al fondo está el Marañón o la ‘serpiente de oro’ en palabras literarias. Sigan en el mapa, miren hacia abajo y encontrarán dos ciudades pequeñas: Sihuas y Huacrachuco. Ambas, sobre todo esta última, son enlaces hacia Tocache. Si uno continúa en la Marginal de la Selva, la vista nos llevará hacia Juanjuí, Tarapoto y luego a Yurimaguas. Esa extensa red es uno de los más grandes corredores del narcotráfico, las armas de contrabando y la minería ilegal en el nororiente del país. Ahora volvamos a Pataz y sigamos el cauce del Marañón que nos lleva a Celendín, pasa por Jaén, San Ignacio, para ir hacia Santa María del Nieva. En todo ese camino encontramos opio y criminalidad en la minería.
Todo ese territorio del Marañón –desde Pataz a Nieva– podría convertirse en el nuevo ‘Alto Huallaga’ de la década de los ochenta, cuando los capos del narcotráfico como Demetrio Chávez dominaban con sus fiestas, corrupción y armamento. Pero aquí tendríamos a la ilegalidad en la minería y no a la cocaína como la combustión con la que arde este nuevo ‘Alto Huallaga’. Lo preocupante de todo es que habría varios ‘Alto Huallaga’.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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