El quinquenio 2021-2026, tristemente conocido internacionalmente por haber acumulado cuatro presidentes en lugar de uno, concentró hitos negativos en los principales indicadores económicos, sociales y de seguridad ciudadana.
La alta incertidumbre política vino acompañada de un crecimiento económico insuficiente. Descontando la pospandemia, la tasa de expansión promedio del PBI entre el 2022 y el 2025 fue solo de 2,5%, la más baja de los últimos cuatro quinquenios. En el 2023, la incidencia de El Niño costero y la alta conflictividad social ocasionaron que en PBI cayera en 0,4%, la primera recesión registrada desde 1998, a excepción del 2020.
Pero los efectos comenzaron incluso antes. La incertidumbre electoral y económica previa al inicio del gobierno ocasionó que, durante el 2021, salieran del país US$16.638 millones. La cifra, que equivale al 7,4% del PBI, es la más alta registrada en la historia.
Este quinquenio también estuvo caracterizado por la erosión de la fortaleza fiscal, una de las bases del manejo económico de los últimos años. Durante el 2024 se incumplió, por segundo año consecutivo, la regla fiscal. Excluyendo el año de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, muy por encima de la regla de 2,8% del PBI para ese año. Dicha cifra fue más alta desde 1992, cuando llegó al 4% del PBI.
¿Han sido los últimos cinco años una oportunidad perdida? Para Giacomo Puccio, economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) remarcó que el modesto crecimiento económico estuvo relacionado a la poca confianza empresarial que se vio reflejada en el estancamiento o caída de la inversión privada. Asimismo, sostiene que el manejo de las finanzas públicas será un indicador a monitorear en el futuro.
“El Consejo Fiscal ha advertido en múltiples oportunidades que está incrementando el gasto corriente. Y no es un incremento transitorio, es un incremento permanente que limita los recursos para otras actividades del Estado como, por ejemplo, la infraestructura”, explicó.
Volatilidad sin precedentes
Desde el 2021, el gobierno ha tenido alrededor de 200 ministros de Estado. En promedio, un titular de sector del Ejecutivo duró solo cinco meses, casi 80% menos que 20 años atrás, en el periodo 2001-2006. En aquel quinquenio, los ministros se mantuvieron dos años y nueve meses en el cargo, en promedio. La erosión en la estabilidad ministerial empezó en el periodo 2016-2021 y se redujo a su mínimo histórico en el vigente.
El sector más volátil es Interior. En los últimos cinco años, 18 personas dirigieron la cartera, con una duración promedio de tres meses cada una. Todo ello en medio de una subida consistente en las cifras de crímenes violentos. En el 2021, las denuncias por homicidios a nivel nacional aumentaron en 35% respecto del año anterior, según las principales modalidades delictivas denunciadas en el Sidpol.
Enzo Elguera Echegaray, CEO de la encuestadora Imasolu y analista político, advierte que la alta rotación impide la continuación de la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.
“Como no hay visión de gobierno, el nuevo ministro se tiene que poner al día y ajustar a ciertos parámetros. Esto, finalmente, hace que no continúes ninguna política de gobierno. Todo esto hace que el Perú esté en un retroceso sin importar la demanda poblacional”, indica.
El periodo 2021-2026 deja, también, récords negativos en el respaldo presidencial. Pedro Castillo fue el primer presidente en empezar su mandato con menos del 40% de aprobación desde, por lo menos, el 2001. En noviembre de 2024, Dina Boluarte obtuvo la cifra más baja de respaldo registrada desde el 2001 por Datum Internacional: 3%. Con la misma dejó el cargo, en octubre de 2025. En la última medición, de febrero y marzo de 2026, José María Balcázar obtuvo 13%. Sin contar a Boluarte, no se veía una aprobación tan baja desde el gobierno de Alejandro Toledo.
Para la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, son dos los factores que explican esta crisis de confianza ciudadana frente al gobierno. Por un lado, el hecho de que el ganador de las elecciones tenga tan poca representatividad en la población hace que los nuevos gobernantes inauguren sus mandatos con poco respaldo. A esto se le suma, explica Torrado, la poca legitimidad que ostentan los presidentes que asumieron luego de las vacancias presidenciales. O sea, sin haber sido electos por la población.
“En los últimos cinco años, lo que se ha visto es un desgaste producto de esa baja representatividad. La gente siente que quienes gobiernan no son las personas que han elegido, no se siente representada por las autoridades. Comienzan con una aprobación baja y, salvo pocas excepciones, no han logrado conectar con la población”, sostiene.
Deja una respuesta