Todos sabemos, hasta el hartazgo, que la ONPE ha ocasionado uno de los destrozos más graves que haya tenido lugar en una elección en el Perú. Y que, aun así, no hay indicios sólidos de fraude. Pero, a la vez, según Ipsos, el 45% piensa que sí lo ha habido. Sabemos también que “Porky” no reconocerá resultados de elecciones o auditorías si no son de su entero gusto. Añade gasolina al fuego el hecho de que los candidatos en segunda vuelta son lo peor que puede pasar para la otra mitad en la que se ha partido el país.
Lo anterior busca resumir un escenario político complicadísimo. No es, pues, una ‘elección normal’ y el reto habría superado a cualquier JNE. Esto no pone en duda las buenas intenciones de los jurados, pero ya sabemos que de ellas está empedrado el camino al infierno. Es tan flojo y discutible lo que viene haciendo el actual que comienza a ser visto como el principal responsable de lo ocurrido en las últimas dos semanas.
Su negativa a que haya elecciones en Lima –o siquiera complementarias– se sostiene en que ello cambiaría el plazo constitucional para la juramentación de quien gane. El artículo 116 manifiesta que “el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio…”. Pero cualquier constitucionalista podría replicar que, en una lectura sistemática, prima el artículo 31 –no por nada forma parte del capítulo III, de los derechos políticos y deberes–: “Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil […] es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.
El JNE, ya enredado en su propio laberinto, acepta, en cambio, una auditoría que, en lugar de esclarecer, aumenta la confusión.
Anuncian que “han dispuesto fortalecer (?) la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta, como una acción concreta y decidida para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales”.
“La auditoría contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, instancia integrada por profesionales externos e independientes –¿quiénes?–, cuya labor será emitir opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas, fortaleciendo la solidez del proceso” –¿asumirán responsabilidad sobre los resultados?–.
“Asimismo –¿o sea de manera adicional?– el JNE impulsará la participación de especialistas nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación internacional” —¿habría auditorías paralelas?—.
En síntesis, no queda nada claro quién(es) va(n) a hacer la(s) auditoría(s), cuáles son los plazos, el mecanismo de contratación ni qué pasaría si ya (la)el presidente ha sido elegido y los resultados no son los que se esperaba encontrar. Después de todo, Roberto Burneo, en su entrevista en El Comercio del domingo pasado, sostuvo: “Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”.
En la medida en que el JNE se ha ratificado en la muy discutible idea de que el cumplimiento de los plazos es lo más importante y anuncia que, sin contar con la auditoría, convocará la segunda vuelta, ha entrado en curso de colisión con amplios sectores de la opinión pública, entre ellos la gran mayoría de los gremios empresariales.
A mi parecer, la situación está más enredada que pelea de pulpos y aún sin luz al final del túnel, lo que no parece llevarnos a nada bueno.
CODA: entretanto, Balcázar persiste en declaraciones inaceptables para quien personifica a la nación. Hay, además, insistentes versiones de que estaría por indultar a Pedro Castillo. Insisto: sáquenlo. Ocho o nueve presidentes ya es irrelevante; el daño está hecho.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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