La democracia se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad. Una cosa es denunciar las graves irregularidades de la ONPE y la negligencia del JNE en la primera vuelta, y exigir transparencia y garantías para un balotaje limpio, y otra muy distinta es poner en cuestión la legitimidad del voto de miles de peruanos con acusaciones irresponsables y teorías construidas sobre medias verdades. Líderes políticos como Rafael López Aliaga deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros y de la necesidad de unir al electorado de centro y derecha frente a la amenaza de una izquierda radical, retrógrada y profundamente nociva para el país.
La democracia se defiende con firmeza, pero también con responsabilidad. Una cosa es denunciar las graves irregularidades de la ONPE y la negligencia del JNE en la primera vuelta, y exigir transparencia y garantías para un balotaje limpio, y otra muy distinta es poner en cuestión la legitimidad del voto de miles de peruanos con acusaciones irresponsables y teorías construidas sobre medias verdades. Líderes políticos como Rafael López Aliaga deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros y de la necesidad de unir al electorado de centro y derecha frente a la amenaza de una izquierda radical, retrógrada y profundamente nociva para el país.
Su indignación por lo sucedido el 12 de abril estuvo justificada y es compartida por muchos peruanos. Es legítimo exigir explicaciones claras, auditorías transparentes y respuestas firmes de las autoridades electorales frente a las irregularidades detectadas en la primera vuelta. Sin embargo, el discurso reciente de López Aliaga, cargado de ultimátums y agravios, puede sonar eficaz en una tribuna política, pero tiene consecuencias profundas en un país marcado por la desconfianza y la fractura social. Porque lo que muchos ciudadanos escuchan no es una discusión técnica sobre actas o mesas electorales. Lo que escuchan es algo mucho más emocional y peligroso: que las “élites” no aceptan su voto cuando el resultado no les gusta. Que los “poderosos” quieren decidir quién puede gobernar y quién no. Y esa percepción genera rabia, resentimiento y una reacción defensiva que termina fortaleciendo precisamente a quienes se dice combatir. La izquierda entiende muy bien cómo capitalizar ese sentimiento. Roberto Sánchez no necesita hacer demasiado cuando desde la propia derecha uno de sus líderes acusa a la otra candidata del mismo bloque de ser “cómplice” o la llama “perdedora”.
La responsabilidad histórica de la derecha peruana es impedir que el Perú caiga en manos de un proyecto radical que amenaza la estabilidad económica, las libertades y la institucionalidad democrática. Y para eso se necesita firmeza, pero también serenidad. Se necesita denunciar irregularidades reales sin destruir la confianza en el voto ciudadano. Se necesita unidad e inteligencia política, no discursos coléricos que terminan fortaleciendo al adversario.
El liderazgo se mide no solo por la capacidad de convocar adeptos, sino por la capacidad de entender qué está realmente en juego. Y hoy lo que está en juego es el futuro del Perú. Cuando un sector democrático pierde de vista eso, termina convirtiéndose, aunque no lo quiera, en el mejor aliado de aquello que dice combatir. Esta misma semana, en un editorial, El Comercio pidió unidad y responsabilidad frente al grave riesgo que enfrenta el país. Hoy lo reiteramos con más firmeza que nunca.
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