El Ministerio Público (MP) dispuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remita los registros de correos electrónico, números telefónicos personales e institucionales, y exhiba los equipos informáticos de diversos funcionarios y exservidores de la institución como parte de la investigación donde se encuentra implicado Piero Corvetto.
A través de una disposición fiscal, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó realizar dichas diligencias con la finalidad de recabar información vinculada a presuntos actos de corrupción en la licitación del servicio de despliegue y repliegue de material electoral a favor de la empresa Galaga S.A.C., por más de S/6.3 millones.
El pedido forma parte del requerimiento de detención que se presentó -ante el Juzgado de Investigación Preparatoria- contra de Corvetto Salinas y otros implicados en el caso. Dicha solicitud aún se encuentra por resolverse en el Poder Judicial (PJ).
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En tanto, este jueves, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reiteró que el Ministerio Público tiene los fundamentos suficientes para haber solicitado la detención contra el Corvetto Salinas y otros.
“Reitero. Si no estuviéramos convencidos de que hay argumentos suficientes no hubiéramos hecho el requerimiento. Estamos convencidos de ello, pero obviamente el Poder Judicial hace su propia evaluación”, sostuvo tras presentarse en el Congreso.
Gálvez Villegas sostuvo que se encuentran a la espera de lo que determine el Poder Judicial.
Esta semana, Corvetto Salinas renunció a la jefatura de ONPE, tras las diversas críticas a su gestión durante las Elecciones Generales 2026.
Piero Corvetto
Diligencias e informes requeridos
Como se indicó líneas arriba, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la División de Investigación de Delitos Contra la Administración Público de la Policía Nacional (Dircocor) de la Policía Nacional, dispuso diversas diligencias con la finalidad de recabar información sobre el caso y los presuntos vinculados en diversos procesos internos de la ONPE.
Los pedidos incluyen los correos electrónicos institucionales de Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral) y José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral).
También de Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández, Willian Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
“El cual comprenderá mensajes recibidos, enviados, spam, borrador, papelera y otras carpetas creadas del período comprendido de mayo del 2025 al 13 de abril del 2026; el cual deberá ser remitido en soporte magnético, detallándose las instrucicones y pasos a seguir para acceder a su contenido.”
También se requirió los números de teléfono institucionales y los equipos celulares oficiales asignados a los funcionarios Phang Sánchez, Samamé Blas, Otoya Alvarado y García Velásquez.
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De igual forma, se pidió el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral de mayo de 2025 al 13 de abril del 2026.
Otra de las diligencias que se dispuso fue la “exhibición de la computadora de trabajo, visualización y peregnización de archivos y/o correos electrónicos” que tengan relación con los hechos materia de investigación.
Esto alcanza a los equipos que usaron los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez, José Edilberto Samamé Blas, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, María Gómez Fernández y Willian Martín García Velásquez.
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La fiscalía también requirió las respuestas a las consulta y observaciones realizadas al servicio de traslado de carga nacional de despliegue y repliegue del material electoral, así como la implementación y equipos informáticos electorales e implementación para simulacro y sufragio de las elecciones.
Junto a ello, se dispuso recabar el contrato Nro 016-2023-MINEDU/SG-OL-UE026 y la referencia del Concurso Público Nro 05-2023-MINEDU/UE026, que también ganó la empresa Galaga en el Ministerio de Educación.
De acuerdo al acta de buena pro, a la que accedió El Comercio, se trata de la “Contratación de Servicio de Traslado de Cajas con Instrumentos de Evaluación para la Aplicación de las Pruebas Nacionales de los Concursos Docentes de 2022-2023, sobre los que se requiere guardar reserva”.
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Fueron tres postores los que presentaron ofertas para dicho concurso. Consorcio J&J-Coral, Hermes Transportes Blindados y Servicios Generales Galaga S.A.C. El primero propuso S/1,341,888.80, el segundo S/ 9,467,101.02 y el tercero S/ 5,684,775.00.
El comité de selección declaró “calificada” a Consorcio J&J-Coral y Galaga S.A.C.
Sin embargo, Consorcio J&J-Coral quedó descalificada posterior al envío de carta de conformidad, puesto que en su propuesta -de acuerdo a la calificación- no había incluido costos por personal no clave como “Coordinador por cada almacén” y “Choferes”, personal de vigilancia privada 24×7 e implementos de seguridad (zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes, uniformes, equipos de comunicación, y precintos de seguridad), etc.
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Con ello, el segundo calificado, Galaga S.A.C. corrió solo como postor al haber cumplido con todos los elementos constitutivos en su oferta.
Así, el 7 de junio de 2023, por unanimidad, el comité acordó “otorgar la buena pro a la oferta del postor SERVICIOS GENERALES GALAGA S.A.C. por el monto de S/5,684,775.00 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100 soles)”.
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