Mientras la atención de la ciudadanía se concentra en el desenlace de la accidentada primera vuelta y en la crisis política abierta por el propio presidente José Balcázar por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, en Petro-Perú los intereses de siempre han empezado a moverse para bloquear los esfuerzos que buscan reformar la compañía.
Pero recordemos brevemente la situación de la estatal. Antes de que acabe el 2025, el entonces gobierno de José Jerí emitió un decreto de urgencia que planteaba una serie de medidas para evitar que Petro-Perú siguiera dilapidando los recursos de los contribuyentes, entre las que se encontraba la reorganización patrimonial de la firma (encargada a Pro Inversión). En paralelo, la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, había descartado nuevos rescates, un anuncio que muchos saludamos, pues no olvidemos que, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2013 el Estado Peruano le ha prestado apoyo a la petrolera por más de S/24 mil millones. Un dinero que bien pudo haberse destinado a cerrar brechas en salud o educación, por mencionar dos ejemplos.
Pues bien, no hemos llegado a mayo y ambos compromisos –la reorganización de Petro-Perú y la negativa a darle nuevos rescates– hacen agua. Un reportaje publicado ayer en este Diario reveló que la gerencia general de la estatal ha realizado sospechosas movidas en tres gerencias que venían trabajando con Pro Inversión en el marco de la reorganización: las de recursos humanos, administración y legal. Según fuentes internas, sus funcionarios fueron enviados de “vacaciones forzadas” y, en su lugar, esas áreas pasaron a ser lideradas por empleados que formarían parte del círculo de confianza de Óscar Vera, el exgerente de Petro-Perú recordado por sus esfuerzos para mantener el statu quo. Y se estaría buscando despedir a dos importantes funcionarias que, contra viento y marea, han buscado empujar la reforma de la empresa.
Esto, mientras el gobierno de Balcázar prepara, según ha trascendido, un nuevo rescate financiero por unos US$2.500 millones al que, seguramente, tratarán de darle otra nomenclatura para evitar la indignación ciudadana. Como ha venido ocurriendo, además, este salvavidas se dará sin mayores compromisos de cambiar las cosas, lo que significa que el gobierno volverá a tirar al agua dinero de todos los contribuyentes.
Todo lo anterior sugiere que estamos a punto de ver, nuevamente, cómo los pequeños esfuerzos para evitar que Petro-Perú siga siendo una máquina de despilfarro fracasan. Se podrá engañar a la ciudadanía con anuncios inexactos y promesas vacías, pero la verdad es que, mientras no haya un compromiso político firme para hacer frente a las cofradías que se han encostrado en la petrolera, nada cambiará. Y el gobierno de Balcázar no lo tiene.
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