¿Cuántos años llevamos hablando de la necesidad de abordar la empleabilidad de manera articulada y, aun así, quienes entramos en esa conversación urgente seguimos dejándola para mañana? Hablamos mucho en nuestros sectores; sin embargo, actuamos poco, aunque nunca falten discursos, pronunciamientos ni titulares cada primero de mayo celebrando al trabajador peruano como si fuera un ritual de calendario más que una hoja de ruta concreta —y, especialmente, medible—.
En el Perú, la evidencia de demanda laboral revela dos realidades muy distintas para egresados universitarios y técnicos. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional y estudios recientes, la demanda anual de egresados universitarios es relativamente baja: apenas unos 13 mil puestos solicitados por año, frente a un mercado que genera más de 200 mil egresados universitarios anuales.
Por otro lado, la demanda de profesionales técnicos supera con amplitud la oferta: se estima que el país necesita alrededor de 300 mil técnicos anuales, mientras que solo egresan aproximadamente 100 mil (algunas fuentes ubican esa cifra entre 107 mil y 110 mil). A la par, la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) proyecta que el sector privado formal en el Perú generará 425 625 nuevas plazas laborales durante 2026. No siempre se trata de puestos completamente nuevos, sino también de la formalización de trabajadores que pasan a la planilla; aun así, esos números nos obligan a ver tanto oportunidades de empleo como déficits que exigen una mejora urgente y concertada.
Entonces, ¿qué nos dice esta radiografía? Que tenemos un sistema que produce lo que nadie pidió y al que le falta lo que todos necesitan. Suena duro, pero se trata de una desconexión estructural: los sistemas formativos avanzan a un ritmo distinto al de los sistemas empresariales y, en ese camino, también se incluye al Estado desde su función reguladora.
¿Por qué ocurre esto? Porque los tres vértices del triángulo se sientan excepcionalmente a la misma mesa. Las instituciones educativas diseñan currículos en función de lo que saben enseñar, no siempre de lo que el mercado demanda. Y las empresas, por su parte, participan muy poco en la coconstrucción de esos perfiles desde las aulas.
El resultado de esta desconexión lo paga siempre el mismo: el egresado. El 85% de los egresados no trabaja en lo que estudió; por ende, no estamos ante un problema individual, sino ante un sistema mal ensamblado. Un sistema con iniciativas relativamente sencillas de implementar que podrían aliviar el dolor y generar grandes cambios, pero que requiere, sobre todo, articulación y disciplina de largo plazo.
Aquí entra un actor muy relevante: el Estado como entidad articuladora. No es necesario que entre desde lo punitivo, sino más bien desde la generación de un mecanismo permanente y vinculante de actualización de perfiles, donde las empresas, periódicamente, le cuenten a las instituciones educativas —no solo a los gremios— qué competencias necesitarán; donde esa información se traduzca efectivamente en currículos modernos y actualizados; y donde el Estado actúe como articulador —no solo como regulador— de ese proceso.
Este 1 de mayo sería un buen momento para recordar que honrar al trabajador no es solo garantizar derechos en el empleo que ya tiene —aunque es un avance sumamente relevante—. Es también asegurarse de que los actores involucrados en el sistema analicen, día a día, las oportunidades reales del mercado y trabajen en conjunto para brindar oportunidades de generar una retribución económica, así como trayectorias laborales con sentido, propósito y posibilidades de crecimiento personal y colectivo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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