La gran mayoría de electores acudimos a las urnas el 12 de abril pasado con la esperanza de terminar con la dinámica de confrontación e inestabilidad política, que conduce a la desatención de los problemas que verdaderamente nos preocupan: inseguridad, falta de oportunidades, la calidad de los servicios (educación, salud), y un largo etcétera. Sin embargo, los resultados evocan demasiado los del 2021, y corremos el riesgo de repetir la historia de los últimos cinco años (o diez), con enfrentamientos políticos constantes y en buena medida gratuitos, autoridades precarias y efímeras, con un Congreso desprestigiado, con parlamentarios que priorizan sus prerrogativas institucionales e intereses personales, y con toda la élite desatendiendo las políticas públicas necesarias para solucionar nuestros problemas.
Se puede y se debe evitar seguir este mal camino. Este empezó con el desconocimiento de los resultados electorales, que a su vez llevó a buscar la vacancia del presidente electo, bajo cualquier pretexto, desde el inicio de la gestión. Ciertamente los organismos electorales han mostrado un desconcertante muy mal desempeño, y todas las investigaciones y sanciones que correspondan deben desarrollarse y aplicarse. Pero deben respetarse sus decisiones. Se puede eventualmente recurrir a los mecanismos legales existentes para impugnarlas, mas al final deben aceptarse los resultados. No debemos permitir que el conteo de votos termine siendo definido por presiones políticas o amenazas de procesos penales. Deberíamos dejar atrás la excesiva y a todas luces perjudicial dinámica de los últimos años de intentar resolver disputas políticas por vías judiciales. Al mismo tiempo, la policía, los fiscales y los jueces deben evitar entrometerse en decisiones de naturaleza política. Esta debe ser una lección aprendida del último quinquenio.
Para esto es imperativo aislar, no amplificar, los discursos más intolerantes y antiinstitucionales; en este sentido, hace rato que el candidato López Aliaga cruzó el límite del reclamo legítimo para situarse en un discurso abiertamente antidemocrático. Sus votantes y la derecha peruana merecen una mejor representación que la que están teniendo. Ayudaría también que se produzcan gestos que conduzcan a una distensión: desde los propios organismos electorales, desde los líderes políticos, desde la sociedad civil, que afortunadamente ya están ocurriendo.
Ni Roberto Sánchez ni Rafael López Aliaga deben perder de vista que la votación que los podría llevar a la segunda vuelta representa apenas un número cercano al 10% de los votos emitidos, y que con esa votación habrían quedado en cuarto lugar en el 2001, 2006 y 2016, y en quinto lugar en el 2011. Que el primero obtuvo un tercio menos de los votos que obtuvo Pedro Castillo en el 2021, y que tuvo un muy pobre desempeño en Lima, donde se concentra cerca de un tercio de los electores. De otro lado, el segundo debe reconocer que su votación se concentra en Lima y algunas otras regiones de la costa, que se traduce a su vez en una menor representación relativa en el Senado y la Cámara de Diputados (según los cálculos preliminares, Juntos por el Perú obtendría 14 senadores y Renovación Popular, 8; y 31 y 16 diputados, respectivamente). Cualquiera de ellos, para poder competir en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, y mucho más si es que pretendieran gobernar, debe asumir que su gobierno sería imposible si no son capaces de representar al conjunto del país y no solo a sus nichos electorales.
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