En un sistema de justicia sólido, los jueces deberían ejercer sus funciones con independencia, lo cual implica necesariamente que gocen de estabilidad en el cargo y protección institucional suficiente para decidir únicamente conforme a Derecho. Sin embargo, la realidad del sistema judicial peruano está muy lejos de ese ideal.
Una investigación del Círculo de Estudios de Derecho Procesal de la Universidad del Pacífico revela que el Perú enfrenta una grave crisis judicial: una cantidad inaceptable de jueces provisionales.
Los jueces provisionales son quienes ocupan temporalmente plazas vacantes dentro del sistema judicial y, a diferencia de los jueces titulares, no cuentan con estabilidad en el cargo: su permanencia depende de decisiones administrativas y, pese a desempeñar las mismas funciones, no reciben una remuneración ni trato equivalente. Esta situación pone en grave peligro la independencia del juez, es decir, su capacidad de decidir sin la intromisión de influencias o presiones externas. Si quienes imparten justicia no cuentan con la protección necesaria para decidir con libertad, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo podemos asegurar que el sistema de justicia en nuestro país funcione si más de la mitad de los jueces son provisionales?
Según datos del Poder Judicial, en junio del 2025 existían 3,714 jueces a nivel nacional, de los cuales solo 1.560 (42%) eran titulares, mientras que 2.154 (58%) ejercían como provisionales o supernumerarios. A la fecha de este artículo, esas cifras no han cambiado de manera sustantiva.
Esta situación no es nueva, pero sí creciente. En los últimos seis años, el número de jueces titulares disminuyó en 291, mientras que los jueces en condición de provisionalidad aumentaron en 719. El resultado es un sistema judicial cada vez más dependiente de figuras temporales.
Entre las zonas más afectadas por la provisionalidad se encuentran Madre de Dios (83,7%), Huancavelica (78,7%), Lima Este (77,4%), Loreto (75,8%) y Lima Sur (70,6%). La situación es aún más preocupante en el ámbito penal. En lugares como Madre de Dios y Loreto, el 90% de los jueces penales en promedio son provisionales.
Estos elevados índices de provisionalidad afectan directamente a la capacidad del Estado para combatir, de manera especial, delitos complejos, como los casos vinculados a criminalidad organizada.
La Corte Suprema tampoco escapa al alto nivel de provisionalidad que afecta al sistema judicial. De acuerdo con la información obtenida de la página web del Poder Judicial, solo existen 20 jueces supremos titulares. Sin embargo, la totalidad de jueces supremos asciende a 61, lo que indica que 41 jueces supremos tienen la condición de provisionales. Como bien se indica en la referida investigación universitaria, este alto nivel de provisionalidad en la Corte Suprema impide que cumpla con su principal función: interpretar la ley y unificar la jurisprudencia; lo cual, a su vez, afecta a la predictibilidad y seguridad jurídica.
Esta lamentable realidad se ve reflejada negativamente a nivel internacional. El Proyecto de Justicia Mundial [WJP], evaluó a 140 países. El Perú se encuentra en el puesto 120 en la justicia civil y en el 115 para lo justicia penal.
La provisionalidad judicial fue concebida como una solución excepcional para cubrir vacíos temporales. En el Perú, sin embargo, la excepción se ha convertido en regla. Y cuando un sistema de justicia funciona mayoritariamente con jueces temporales, no solo queda suspendida la estabilidad de sus funcionarios, sino la credibilidad de nuestro sistema judicial.
La reforma del sistema de justicia, lamentablemente, ha estado ausente, una vez más, en las propuestas de los candidatos a la presidencia. Esperemos que quienes pasen a segunda vuelta muestren una sincera preocupación por la administración de justicia en el Perú.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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