Hoy este Diario publica la última encuesta de Datum Internacional que podrá ser de dominio público respecto de la carrera electoral del próximo 12 de abril. A partir de mañana, solo algunas porciones de la población –típicamente los más jóvenes, mejor conectados y de zonas urbanas– tendrán el privilegio de saber cómo van las preferencias ciudadanas a través de encuestas privadas. El resto, la mayoría del país, irá a las urnas a oscuras.
Hoy este Diario publica la última encuesta de Datum Internacional que podrá ser de dominio público respecto de la carrera electoral del próximo 12 de abril. A partir de mañana, solo algunas porciones de la población –típicamente los más jóvenes, mejor conectados y de zonas urbanas– tendrán el privilegio de saber cómo van las preferencias ciudadanas a través de encuestas privadas. El resto, la mayoría del país, irá a las urnas a oscuras.
El año pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento de este Congreso dio los primeros pasos en el camino correcto para corregir este despropósito y aprobó un dictamen que reducía el período de silencio electoral de siete días a tres días antes de las elecciones. Si bien la propuesta no eliminaba la prohibición de la difusión de encuestas, por lo menos mitigaba el daño al reducir su plazo. Sin embargo, el pleno del Congreso no debatió el dictamen. Al parecer, tenían otras prioridades.
Penalizar la difusión de encuestas siempre ha sido un error, pero en un contexto de creciente penetración de Internet y de las redes sociales es también injusto y contraproducente. Así, son al menos tres los problemas de fondo con esta prohibición. El primero es que toma una posición paternalista poco compatible con una democracia liberal: asume que los ciudadanos no pueden manejar correctamente la información de las encuestas porque serán manipulados o inducidos. Preferimos, entonces, que la población vaya a ciegas a emitir su voto antes que confiar en su criterio para manejar lo que dicen los últimos sondeos.
El segundo problema es que le roba a grupos de personas, principalmente los de menos recursos, la posibilidad de usar de la mejor manera su voto estratégico. Algunos ciudadanos votarán por su candidato favorito, independientemente de lo que digan las encuestas. Eso es legítimo. Pero otros preferirán marcar el símbolo de partidos con las posibilidades más altas de meterse a segunda vuelta o de pasar la valla al Congreso. En el Perú, donde las simpatías electorales pueden cambiar dramáticamente en poco tiempo, usar información desactualizada para emitir un voto estratégico es como entrar a una curva mirando el retrovisor. Más bien, quienes tengan acceso a información de calidad digital irán con ventaja. Esa distinción es injusta.
Eso lleva al último punto. Durante esta última semana, no faltarán las encuestas falsas y la desinformación por redes sociales. Lamentablemente, los medios de comunicación que podrían y deberían desmentirlas con data veraz están imposibilitados de hacerlo, esto hace que la gente desconfíe del proceso electoral y eso es dañino para la democracia. El resultado es entonces el contrario del que se quería: la población expuesta a estas malas prácticas emitirá su voto –ahora sí– basada en información manipulada.
Pero estos argumentos contundentes no fueron suficientes para convencer a los actuales congresistas de la necesidad de eliminar o, por lo menos, reducir el período de silencio electoral. A lo mejor también tomaron sus decisiones con información a la mitad.
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