La oenegé Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, poner fin al estado de excepción que mantiene desde hace cuatro años por su “guerra” antipandillas y que ha dejado unos 91.000 detenidos.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, poner fin al estado de excepción que mantiene desde hace cuatro años por su “guerra” antipandillas y que ha dejado unos 91.000 detenidos.
Bukele implementa desde el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas miles personas sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.
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“Las autoridades (salvadoreñas) deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una pronta revisión judicial y juicios justos”, dijo la organización internacional en su cuenta X.
Afirmó que “han pasado cuatro años” desde que el gobernante declaró el estado de emergencia y “desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas, incluidos niños”.
Varios países de América Latina quieren replicar la política de seguridad de Bukele pese a las críticas de grupos humanitarios que lo fustigan por basarse en un régimen de excepción que permite la detención de personas sin orden judicial, acusándolas de ser integrantes o cómplices de las pandillas.
El viernes pasado, la oenegé Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que un total de 500 presos han muerto en los cuatro años de la guerra antipandillas.
Un día antes, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, aprobó a pedido del gobernante la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas”.
El 17 de marzo ya había aprobado la prisión perpetua a pesar de que oenegés acusaran al gobierno de cometer “crímenes de lesa humanidad” en la lucha contra la delincuencia. Antes de la reforma la pena máxima de cárcel era de 60 años.
Bukele goza de altos niveles de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.
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