Siempre me ha intrigado la naturaleza del voto como un derecho y una obligación a la vez, según declara nuestra propia Constitución. Desde la óptica de un abogado, esto no tiene mucho sentido. Los derechos y deberes van de la mano, pero en circunstancias en las cuales sus titulares son distintos. Si una persona tiene un derecho significa que los demás estamos obligados a respetarlo. Pero si el ejercicio de un derecho es forzoso para su titular, uno pensaría que deja de ser lo primero.
Por otro lado, si entendemos el voto como una acción que tiene costos y beneficios asociados, los primeros nos resultan tangibles y los segundos, inciertos. En muchas zonas del Perú, ir a votar puede demandarle a uno trasladarse a lugares bastante lejanos. Puede implicar perder un día de trabajo en el que normalmente uno generaría ingresos. Demanda tiempo y esfuerzo en investigar siquiera mínimamente sobre quiénes postulan para saber a quién conviene respaldar. Todo esto entraña costos medibles.
Al mismo tiempo, el impacto que puede tener individualmente mi voto, que es uno en decenas de millones, puede parecer ínfimo. Es muy difícil imaginar que mi voto sea tan providencial como para dirimir un empate. Por tanto, si uno hace ese análisis costo-beneficio en términos estrictamente económicos, lo racional parecería ser no ir a votar.
Yo he pasado buena parte de mi vida adulta pensando que estos son dos argumentos muy contundentes para abogar por la opcionalidad del voto. He tendido a considerar que este debe ser facultativo porque, por un lado, no tiene sentido legal que algo sea un derecho y un deber al mismo tiempo, y, por otro, siendo que no a todos les cuesta lo mismo votar, no debería sancionarse por igual a todos los que no lo hacen.
Y, sin embargo, he ido transitando en el tiempo hacia la posición de que el voto debe ser obligatorio. Esto, como resultado de llegar a la conclusión de que la democracia como sistema es un bien público, en el sentido económico del término, y que por tanto va a ser subprovisto si depende exclusivamente de la voluntad circunstancial de las personas.
Si como hemos dicho votar cuesta, podemos elevar el costo de no votar (por ejemplo, imponiendo multas por ausentismo) o disminuir el costo de sí hacerlo (por ejemplo, acercando los locales de votación al elector o facilitando el acceso a información relevante para votar).
Pero el problema persiste si seguimos haciendo este costo-beneficio desde una perspectiva individual, porque consistentemente saldrá negativo y eso nos llevará lógicamente a un escenario en el que nadie o muy pocas personas votarán. Como resultado, la democracia dejará de funcionar efectivamente como un sistema de agregación de preferencias y desaparecerá.
Quizá una forma más auspiciosa de pensar en esto es imaginar que el voto se parece más a un deber familiar que a uno de tipo legal. En familia, todos asumimos compromisos por los que no esperamos ser compensados económicamente. Estos nos irrogan costos tangibles pero igual los cumplimos porque entendemos que en aquellos se sostiene el bienestar y la cohesión familiar.
Pues bien, existe una familia que se llama Perú y que requiere que todos asumamos compromisos aunque supongan costos para nosotros. Que sepamos gestionar nuestras diferencias sin pelearnos. Que ayudemos a quien la está pasando mal. Que no vivamos desconectados, sino pendientes de lo que ocurre en casa. Que vayamos a votar cuanto toca y que lo hagamos a conciencia.
Hay deberes que trascienden lo legal. Algunos se dan en el plano familiar, otros en el cívico. Votar es uno de ellos, precisamente porque su importancia es sistémica.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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