Marzo, el Mes de la Mujer es una oportunidad para replantearnos el país que se está construyendo para nosotras, con énfasis en las mujeres del mañana. Y es que, a pesar de los esfuerzos constantes desde la sociedad civil, organizaciones y liderazgos genuinamente comprometidos con la igualdad y equidad, aún vivimos en un país donde la seguridad y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres siguen en riesgo.
Solo entre enero y febrero de este año, más de 70 niñas de hasta 14 años fueron madres, según registros del Certificado de Nacido Vivo. Estas cifras, además de evidenciar problemáticas como el embarazo infantil, la maternidad forzada y diferentes tipos de violencias, son una señal alarmante de la cantidad de niñas que, en solo dos meses, ya están expuestas a un ciclo de limitaciones en sus proyectos de vida.
Está comprobado que los embarazos tempranos son una de las principales razones que llevan a las adolescentes a ser unidas a hombres adultos. Las adolescentes que son forzadas a unirse están expuestas a enfrentar dependencia económica, violencias y exclusión social. Y, aunque este es un problema aún estructural, es importante reconocer que normalizar estas prácticas es una manera de perpetuarlas.
Solo hasta hace tres años el matrimonio infantil aún estaba permitido en el Perú. La promulgación de la Ley N.° 31945 fue un paso adelante. Ahora, la próxima meta es reconocer que las uniones tempranas y forzadas son una práctica nociva que daña de manera permanente a las adolescentes y jóvenes mujeres.
Los avances legales son esenciales, pero se requiere además su implementación e integración en la conciencia colectiva. Cuestionarnos y hablar de esta problemática que sucede más allá de nuestros entornos es una forma de visibilizar sus efectos en la vida de las adolescentes.
Desde Plan International venimos incidiendo desde 2018 para que más adolescentes vivan libres de matrimonios infantiles, contribuyendo en la aprobación de la ley que los prohíbe en 2023. Desde entonces, trabajamos por visibilizar las uniones tempranas y forzadas, prácticas que, lamentablemente, no están incluidas en el marco legal. A través de un esfuerzo articulado con organismos dedicados a la defensa de los derechos de la niñez, el Estado y los gobiernos locales, este desafío ya está cobrando relevancia. Como parte de esto, acompañamos a adolescentes lideresas de Lima, Piura, Loreto y Cusco para implementar sus propios planes de acción con el objetivo de poner este tema en la agenda pública y generar conciencia a nivel nacional.
Sin embargo, un trabajo de esta magnitud no puede recaer solo en un sector. La protección de niñas, adolescentes y mujeres es un compromiso colectivo y debe ser un derecho básico para su crecimiento. Se requiere una respuesta integrada, que involucre tanto al sector educativo y de salud, como a capacidades socioemocionales, reconocimiento de señales de violencia, rutas de atención para atender casos de este tipo. Este acompañamiento debe ser, no solo para adolescentes mujeres, sino también para adolescentes varones y jóvenes en sus diversidades, padres, madres, cuidadores, docentes y colaboradores de los sectores involucrados.
Por eso, hay que decir las cosas como son: no podemos hablar de un país que aspira a progresar cuando las calles y las casas siguen siendo un peligro para las mujeres y las niñas. El cuerpo de una niña no debería ser un campo de batalla ni algo que se pueda usar y descartar. Lo que necesitamos es cambiar la forma en que nos educamos. No hay país que valga la pena si las mujeres del mañana tienen que vivir con miedo. Solo cuando protejamos los derechos de las niñas y adolescentes, escuchemos sus demandas y garanticemos entornos seguros, estaremos construyendo un futuro más libre, igualitario y justo para todas las mujeres.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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