La emergencia en el sistema de transporte de gas natural ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del sistema energético peruano. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió limitar temporalmente la venta de gas natural y priorizar su abastecimiento a los hogares, comercios y al transporte público masivo. Esta decisión ha generado debate en distintos sectores; sin embargo, no solo era adecuada, sino también necesaria y urgente.
El racionamiento de gas natural en Lima, Callao e Ica ha obligado a que las generadoras eléctricas, algunas industrias y parte del parque automotor recurran a combustibles sustitutos para mantener sus operaciones. No obstante, un aspecto relevante de esta emergencia ha sido la confiabilidad del sistema eléctrico peruano para absorber el impacto de la reducción en el suministro de gas natural.
Cabe recordar que el gas natural representa aproximadamente el 45% de la generación eléctrica del país. A pesar de esta alta dependencia, el Perú no ha experimentado apagones ni interrupciones significativas del servicio eléctrico. Asimismo, hasta el momento, esta situación no ha generado impactos directos en los recibos de electricidad de los hogares.
Esto no es casualidad.
El sistema eléctrico nacional fue diseñado bajo principios de seguridad y confiabilidad, los cuales implican contar con mecanismos de respaldo para enfrentar contingencias, es decir cuenta con planificación. En primer lugar, el país dispone de un sistema de transmisión eléctrica interconectado a nivel nacional, lo que permite trasladar energía entre distintas regiones cuando una zona enfrenta dificultades en su capacidad de generación.
En segundo lugar, existen centrales térmicas que pueden operar con combustibles alternativos, como el diésel, cuando las centrales que utilizan gas natural o energía hidráulica enfrentan una emergencia.
Este esquema tiene un costo que asumimos todos los peruanos y responde a una lógica fundamental: la energía más cara es la que no se tiene.
El reto, ahora, es implementar un esquema similar en el sector de hidrocarburos, el cual atiende cerca del 66% de las actividades económicas del país. Para ello, es necesario aprovechar al 100% la capacidad de almacenamiento existente y desarrollar nueva infraestructura de almacenamiento y transporte bajo una lógica comparable a la del sector eléctrico.
En ese sentido, resulta prioritario aprobar el reglamento de la Agencia de Inventarios de Combustibles, actualizar el reglamento del gas natural para viabilizar nuevas tecnologías y avanzar en el desarrollo del plan de gasoductos regionales.
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