El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará este viernes 13 de marzo la demanda para que la Embajada de México le otorgue el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez -asilada y condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado- que le permita salir del Perú rumbo a ese país.
El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará este viernes 13 de marzo la demanda para que la Embajada de México le otorgue el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez -asilada y condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado- que le permita salir del Perú rumbo a ese país.
El ciudadano Rubén Serpa Valdez presentó una demanda de hábeas corpus preventivo a favor de la Embajada de México, para ordenar la entrega inmediata de un salvoconducto a la golpista exministra.
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El recurso fue interpuesto contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior por presunta vulneración de la libertad personal y derechos conexos.
Adicionalmente, el demandante solicitó que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada y se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando el recinto diplomático.
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Ante ello, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima programó la audiencia para este viernes 13 de marzo a las 10:30 a.m., con el fin de analizar el recurso presentado a favor de dicha sede diplomática. La modalidad será virtual a través del aplicativo Google Meet.
Poder Judicial verá pedido para que se le otorgue salvoconducto a Betssy Chávez el 13 de marzo.
Betssy Chávez ingresó a la sede diplomática antes de ser sentenciada por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el Gobierno de México le otorgó formalmente el asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025.
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El 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión contra Chávez Chino por el delito de conspiración para la rebelión y se ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional.
Como respuesta a esta concesión de asilo, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México ese mismo 3 de noviembre, calificando el acto de “inamistoso” e intervencionista.
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Hasta el momento, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a la sentenciada salir del país, manteniendo vigente la orden judicial y la vigilancia de vehículos con inmunidad diplomática.
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