Mientras el país se prepara para participar en la segunda vuelta de las elecciones, en torno a Petro-Perú se enfrentan sordamente dos administraciones. Por un lado, Pro Inversión, la agencia encargada de supervisar una reestructuración patrimonial destinada a buscar capitales privados. De otra parte, los ejecutivos de la compañía, deseosos de retrasar el proceso. Esperan que gane Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuyo gobierno mantendría la estructura estatal intacta, aun con pérdidas. El fisco continuaría cubriéndolas por varios años más, hasta que la producción del lote Z-62, de Anadarko y Chevron ̶ un rico yacimiento en el mar de La Libertad ̶ vuelva provechoso el negocio petrolero. En esa perspectiva, la burocracia mantendría sus privilegios, llamativos durante la bancarrota.
Desde luego que en la tensión –no admitida públicamente ̶ hay un trasfondo ideológico, por las divergencias usuales sobre el rol del Estado en la economía. Sin embargo, la discusión no está en términos de privatizar o no Petro-Perú. Fuerza Popular considera establecer una asociación público-privada, luego de una reorganización que cortaría el aporte continuo de dinero público a la empresa. Keiko Fujimori tiene un caudal de votos apreciable en las zonas petroleras del norte y del oriente, con familias que desconfiarían de una privatización. En cuanto a Juntos por el Perú, plantea una gestión estatal de los recursos naturales. Esta es la opción de los gerentes, que en una reforma serían reemplazados por una nueva generación de funcionarios.
Más que diferentes concepciones, existe una resistencia al desplazamiento de grupos sindicales-tecnocráticos con un minucioso conocimiento de la empresa. Demostraron capacidad para influir en todos los sectores políticos. Sobre todo en la izquierda, para la que el petróleo debe estar en manos del Estado no solo porque es una riqueza nacional sino porque provee recursos y poder. El cogollo de Petro-Perú influyó fuertemente en el gobierno desde que asumió Pedro Castillo en el 2021, y tuvo llegada directa a dos de los tres presidentes que lo sucedieron.
La reestructuración patrimonial fue decidida en diciembre del 2025 por el recién llegado José Jerí. En setiembre del 2024, su antecesora Dina Boluarte había aprobado un salvataje de emergencia para impedir que la empresa, agobiada por las acreencias, dejara de abastecer su parte del mercado nacional de combustibles. Iba por el tercer año de pérdidas. El gobierno capitalizó deudas, pagó cuentas pendientes y garantizó un nuevo préstamo a cambio de una serie de obligaciones para mejorar la gestión. El directorio debía contratar a una consultora especializada, garantizar el funcionamiento del Oleoducto Norperuano, recortar gastos, deshacerse de activos inútiles, y realizar una auditoría forense, entre otras acciones. Nada de eso se realizó.
La lista de tareas la había confeccionado un directorio encabezado por Oliver Stark, pero Boluarte encargó su aplicación a un grupo distinto, nombrando presidente a alguien de la casa, Alejandro Narváez. En adelante, mientras Narváez prometía no pedir un centavo más al Estado, fueron acumulándose los problemas hasta su destitución, en octubre del 2025. Un año después del salvataje de Boluarte, cuando Petro-Perú ya había recibido inyecciones estatales por más de US$5.000 millones, la situación estaba peor. Exhibía una deuda financiera acumulada de US$5.450 millones. El costo de la modernización de la refinería de Talara, la principal causa de su agobio, había aumentado a US$6.000 millones. El 31 de diciembre apareció la norma de reorganización patrimonial, con un texto lleno de lamentaciones.
La empresa, decía el decreto, solo tenía unos pocos soles en caja y dependía exclusivamente de lo que le prestaran. Al colapsar, Loreto, Ucayali y Madre de Dios quedarían desabastecidos de combustible. Los activos, la calificación crediticia, perdían valor aceleradamente. La refinería estaba paralizada. El decreto no decía lo peor: que Petro-Perú se hallaba a punto de caer en un proceso concursal en Indecopi, donde los acreedores ̶ y no el Estado ̶ dispondrían de los bienes para cobrarse.
Pro Inversión fue autorizada a dividir el patrimonio para que cada parte incorporara a privados en la explotación de una línea de negocio, manteniendo el Estado la titularidad. Una de las secciones podía ser la propia refinería de Talara. Diez días después, en el Congreso, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para derogar el decreto reorganizador. Entre los parlamentarios adherentes figuraba José María Balcázar, quien en febrero reemplazaría a Jerí en la presidencia. Este hecho explica la guerra fría entre ProInversión y la burocracia de la empresa. Balcázar no cree en la reorganización y, a falta de buenas ocasiones para hacerla abortar, juega en pared con el cogollo de Petro-Perú. Lo mismo que hizo Boluarte, causando que el programa de reformas perdiera fuerza.
Elías Varas, de Juntos por el Perú, ingresó otra propuesta legislativa con el mismo propósito. La adhería Roberto Sánchez, que ya había sido elegido candidato presidencial del partido. De acuerdo con ambos proyectos, el decreto de reorganización sobrepasaba las condiciones constitucionalmente exigidas para una ley de urgencia. Sostienen que no había tal urgencia y que las modificaciones requerían un debate mayor. Los proyectos no avanzaron. El 19 de mayo, la Comisión de Energía y Minas rechazó un predictamen que respaldaba la derogatoria y autorizaba el desembolso de nuevos recursos financieros para Petro-Perú. La pelea continúa, porque el Poder Judicial ha admitido una acción de amparo contra la norma. La presentó Fempetrol, una de las asociaciones sindicales de la empresa.
Un elemento especial en la controversia es el rol de ProInversión. Como ente rector del proceso, contrató a la consultora internacional Deloitte para diseñar el plan, analizar las alternativas y garantizar la sostenibilidad de las operaciones. Al mismo tiempo, mantiene vigilancia sobre el directorio de Petro-Perú, que ha cambiado 13 veces de presidente en los últimos cinco años. Será Pro Inversión, y no el directorio, la administradora de la última inyección: US$2.000 millones de nuevo endeudamiento autorizados por el gobierno. La supervisión se extiende a las adquisiciones en la cadena de suministro, con prácticas dudosas profundamente arraigadas.
Sin el candado de Pro Inversión, la administración mantendría la costumbre de recurrir a compras no programadas ─o de emergencia─ en el mercado al contado a través de traders internacionales, asumiendo primas de riesgo y sobrecostos logísticos que pueden castigar severamente los márgenes de la empresa. La reorganización representa, entonces, el fin de la discrecionalidad en las adquisiciones corporativas. Petro-Perú reaccionó reposicionando a los gerentes llamados “veristas” (allegados al exministro Oscar Vera), identificados con el anterior estado de cosas. La relación erizada trascendió en varias comunicaciones internas, ante lo cual ambas partes emitieron una declaración, asegurando que trabajan en armonía. Más podemos ser escépticos sobre la sinceridad del mensaje. Ahora mismo, la burocracia de Petro-Perú necesita apoyo político para su principal objetivo: desplazar a Pro Inversión en el manejo del nuevo endeudamiento.
Petro-Perú podría seguir siendo íntegramente operada por el Estado si esa opción no fuera, a estas alturas, inviable. De sobra se conocen ejemplos de empresas estatales exitosas en países capitalistas. Pero el propio Roberto Sánchez, de ganar la presidencia, afrontaría problemas mayúsculos si quisiera seguir amamantando a Petro-Perú al margen de los requisitos de gasto público. Varios de sus ministros tendrían que arriesgarse a terminar denunciados. Claro que la actual reorganización, tal como está perfilada, puede fracasar, y entonces volvería el riesgo de que los acreedores terminen repartiéndose los activos. Todo depende de la calidad de las reformas y del desenlace electoral. Si Sánchez gana el 7 de junio, el presidente Balcázar podría derogar el decreto de urgencia al día siguiente.
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